El gobierno de Donald Trump está ampliando extensamente el universo de inmigrantes sin autorización a ser considerados como prioridad para ser deportados, para incluir a convictos de infracciones de tránsito e incluso sospechosos de delitos, de acuerdo con documentos del Departamento de Estado.

 

Los memorandos del Departamento de Seguridad Nacional, firmados por el secretario John Kelly, describen planes para aplicar una antigua pero desconocida cláusula de la Ley sobre Inmigración y Nacionalidad en Estados Unidos, que permite al gobierno deportar a México a inmigrantes detenidos cruzando la frontera independientemente de su nacionalidad. Uno de los documentos dice que los inmigrantes deportados a México tendrían que esperar a que el proceso de deportación se cierre. Esto se aplicaría con la gente que se cree no volvería a cruzar la frontera de nuevo, indica el documento.

 

No está claro si es que Estados Unidos tiene la autoridad para obligar a México a aceptar extranjeros. Lo más probable es que esta cláusula sea cuestionada por defensores de los derechos civiles y funcionarios en México.

 

Históricamente, el gobierno ha podido repatriar rápidamente a mexicanos detenidos en la frontera pero abre procesos formales a inmigrantes de otros países, generalmente enviándolos de vuelta vía aérea. En algunos casos, esas deportaciones pueden tomar años ya que los inmigrantes pueden pedir asilo o pelear sus casos de deportación en corte.

 

Los memorandos no cambian las leyes estadunidenses de inmigración, pero hacen más estricta su aplicación.

 

La circular de Kelly ordena la creación de un sistema de videoconferencias para permitir que los individuos expulsados puedan tener sus audiencias del proceso de asilo sin tener que volver a entrar en Estados Unidos.

 

Los únicos que parecen aún tener posibilidades en el Estados Unidos de Trump, un país que históricamente se hizo grande gracias a la inmigración, son los llamados “dreamers”, los más de 750 mil menores que llegaron sin papeles pero ya asisten a la escuela y que se beneficiaron del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), aprobado en 2012 por el presidente Barack Obama.