En las últimas semanas, tres homicidios han puesto en jaque a las autoridades federales de Michoacán, Veracruz y del Estado de México. Estos casos se han resuelto relativamente rápido, se detuvo a parte de los responsables, pero lo que preocupa a la autoridad es el resultado que presentará en cada una de sus investigaciones, pues reflejan, por un lado, irregularidades en cárceles del país, así como situaciones que pondrán incómoda a la Iglesia mexicana.

 

El primero de esos casos es el secuestro de la ciudadana española María Villar Galaz. En este asunto, las autoridades detuvieron a uno de los tres probables responsables del plagio, quien les narró la mecánica del secuestro. Éste les confesó un dato que las autoridades ya habían detectado: que un medio hermano estaba preso en el Reclusorio Oriente por el delito de secuestro y que ahí le preguntó cómo realizar uno.

 

La PGR, a partir de ahí, investigó distintas llamadas desde el interior del centro penitenciario para descartar cualquier vínculo del hermano con el secuestro de la española.

 

Las indagatorias incluso refieren que los responsables no tenían experiencia en secuestros y por ello deciden entre ambos solicitar el asesoramiento de un conocido preso por el delito de rapto. Esto lleva a la autoridad a un problema añejo y de varias décadas: no poder bloquear por completo los celulares de las cárceles mexicanas.

 

De hecho y a pesar de que el proyecto de bloquear los celulares de los centros penitenciarios del país viene desde 2010, será hasta octubre de 2018 cuando se logre dicho objetivo, pues apenas en julio pasado el Instituto Federal de Telecomunicaciones autorizó que todas las cárceles y centros de internamiento para menores ya sean estatales o federales, tengan sistemas de bloqueo de señales de teléfonos celulares de radiocomunicación o de transmisión de datos e imagen.

 

Los otros casos que pusieron en jaque a las autoridades son los homicidios de los sacerdotes de Veracruz y Michoacán. En el caso de Veracruz, donde fueron asesinados Alejo Nabor Jiménez y José Alfredo Juárez de la Cruz, las autoridades detectaron que los sacerdotes tenían vínculos personales con sus agresores, a quienes contactaron mediante un sujeto apodado el Chino.

 

Otro caso similar es el del sacerdote José Alfredo López Guillén, de Michoacán, que tras aparecer asesinado se descubrió que ya conocía a uno de sus agresores, con quien, por cierto, tenía también una relación personal que logró establecer mediante sus redes sociales.

 

El tema es que los resultados de ambas investigaciones y de los vínculos de ambos sacerdotes deberán ser expuestos por el Ministerio Público ante los jueces, situación que ha molestado a las iglesias de cada estado. Son, dicen, resultados incómodos que tendrán que poner en el banquillo.

 

Otros procesos

 

Habrá que estar atentos al alcalde de Cuernavaca. La PGR podría resolver en breve el caso de la probable alteración al padrón electoral. Pero también habrá que estar atentos de su representante deportivo, José Manuel Sanz Rivera, a quien como funcionario de la alcaldía de Cuernavaca lo investiga la PGR y Hacienda por un asunto que ya le llaman la Casa Blanca de Morelos.
 

(@osdtagle)