Una de las grandes críticas a la guerra de Calderón era el anonimato y criminalización de los muertos. Estos se acumulaban mientras el gobierno argumentaba que los malos se mataban entre ellos. Se abrieron pocos expedientes, y los que existían quedaban abandonados. Nadie juntó los nombres de los muertos. No se supo quién murió, ni quién mató. Ahora, ante los enfrentamientos de Michoacán, la policía federal reportó haber contado 20 cadáveres de los atacantes, pero perdieron los cuerpos que fueron recuperados por el grupo armado. Se acumulan nuevos muertos sin nombre.

 

Los enfrentamientos en Michoacán son distintos de los del resto de los territorios en conflicto, tienen más tinte de guerrilla que de narcotráfico tradicional. Las condiciones de los enfrentamientos justifican la imposibilidad de las fuerzas federales para recuperar los nombres y datos de los cadáveres. Sin embargo, a mayo de este año, se habían acumulado, por lo menos, seis mil 204 muertos reportados a las autoridades judiciales en el país. De nuevo, no parece haber ni expedientes abiertos, ni investigaciones serias para cada cuerpo. Tampoco se ha anunciado que exista una lista que compile sus nombres ni un programa de capacitación y apoyo a procuradurías locales en esa materia.

 

Ha cambiado el discurso sobre derechos humanos, aunque todavía no se refleja en los hechos. Se han puesto la tarea de encontrar a los 26 mil desaparecidos y se prometió crear protocolos para esos casos, aunque todavía no hay resultados. En sentido contrario, la presión de la guerra, aunada a la caída en popularidad del Presidente (según Reforma, sólo 52% aprueba su gestión) altera ya el discurso político. Peña cayó en la tentación de Calderón: prometer capturar cabecillas en vez de construir la paz, mientras, en la calle, se acumulan los muertos, los secuestros, la extorsión y demás.

 

Al inicio de este sexenio, la Procuraduría General de la República se encontraba casi desmantelada. La corrupción, la falta de interés y de presupuesto redujeron su capacidad operativa. El procurador, tiene un equipo serio para reconstruir la institución, pero poco o nada se ha dicho de cómo se van a tratar los presuntos homicidios dolosos generados por el crimen organizado. No se ha anunciado si van a  recopilar los datos de los muertos, abrir expedientes y/o seguir los casos, más allá de los capos o los influyentes.

 

La administración pasada solía argumentar, con parcial razón jurídica, que el problema no dependía de ellos sino de las procuradurías locales. Con ese argumento se lavaron las manos, a pesar de reconocer a los muertos como víctimas del crimen organizado u homicidios cometidos con armas exclusivas del ejército (ambos delitos federales).

 

A pesar de ello, la PGR poco hizo para fortalecer su posición en los estados. En pocos casos, ante la severa presión local, como fue en Ciudad Juárez. la delegación de la PGR creció junto con la efectividad en el combate al crimen. En general sólo crecía la presencia policiaca.

 

Aunque quiera negarlo, igual que Calderón, Peña no podrá dejar de combatir a los grupos criminales. La guerra sigue. Pero si en algo podrían empezar a diferenciarse es en mostrar que será una guerra de balas y de leyes no sólo de las primeras. Se esperan verdaderas estrategias de investigación, y el fortalecimiento de las procuradurías estatales para poder, sino resolver, al menos registrar los nombres y datos personales de cada muerto.

 

Si van a acumular otros 60 mil muertos, al menos que se les trate de manera seria, que se explique su muerte antes de criminalizarlos sin pruebas. La estrategia de este gobierno no es clara. Mientras la explican, que empiecen por tratar a los muertos como ciudadanos y no como animales, como hizo la administración anterior.