El procurador general de la República, Raúl Cervantes, parece ir acumulando casos y carpetas de investigación de asuntos que para esta administración deberían ser claves y que muchos tienen que ver con la mala actuación de las autoridades, de ministerios públicos, de ex funcionarios y hasta de ex gobernadores.
La administración de Raúl Cervantes se distingue por aceptar denuncias, archivarlas y en otros muchos casos declararse incompetente pese a existir elementos que las denuncias son de su competencia.
Ejemplo de ello son las 53 carpetas de investigación que le entregó la Auditoría Superior de la Federación en contra del ex gobernador Javier Duarte y que prefirió desechar por considerar que no era la autoridad que debía investigar. Ante el escándalo de no haber tomado en cuenta a la auditoría y que incluso Ésta recurrió al amparo, se decidió en la PGR abrir otra carpeta de investigación para detectar si hubo irregularidades por parte de los ministerios públicos que analizaron esas 53 denuncias.
Otro ejemplo, hace 10 meses, el actual procurador de Tamaulipas denunció que el ex gobernador de esa entidad, Egidio Torre Cantú, había ordenado la protección con al menos ocho elementos de la Procuraduría estatal al ex gobernador Tomás Yarrington, esto pese a que tenía conocimiento de que había órdenes de aprehensión en su contra.
En este caso y por la protección que se otorgaba a un prófugo de la justicia, la PGR nunca ha salido a pronunciarse, ni siquiera cuando Yarrington fue detenido en Italia.
Otros casos de expedientes trabajándose, pero que siguen sin resolverse son las denuncias en contra de Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo. Actualmente, el Ministerio Público federal cuenta con una lista de al menos 29 prestanombres que le ayudaron a desviar recursos, comprar terrenos en áreas protegidas y de ello no ha dado cuenta, más que de la captura en Panamá del ex mandatario.
El problema es que, desde octubre de 2016, la PGR no ha informado de los avances de todas las denuncias que presentó en su momento el actual gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, quien acusó a Borge de la venta de nueve mil 500 hectáreas de terrenos que pertenecían a reservas del Estado y que representan una extensión de seis veces más de lo que es la zona hotelera de Cancún.
Lo mismo pasa en los casos de las denuncias del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, contra su antecesor, César Duarte, por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y uso indebido de funciones. En estos casos, para la PGR la estrategia es el silencio.
Eso sin contar que siguen abiertos casos como el de la desaparición de los 43 normalistas; el caso Tlatlaya, en el que la PGR se comprometió a dar seguimiento a la investigación de la CNDH; tampoco ha dado resultados del caso Nochixtlán ni del asesinato del periodista Javier Valdez. De los nuevos casos no hablamos porque no hay avances, por ejemplo, tras el escándalo no se ha vuelto a hablar del espionaje hecho a través de Pegasus.
caem