Aunque desde los tiempos de la colonia inició en México la tradición prohibicionista del consumo, comercialización y tráfico de drogas, hubo un periodo de cinco meses en 1939 durante la presidencia del general Lázaro Cárdenas del Río en que el consumo no era criminalizado e incluso, el Estado Mexicano entregaba drogas como morfina, mariguana y heroína -bajo prescripción médica- a quienes eran diagnosticados como adictos.

 

Esta determinación, impulsada por el entonces  director del Departamento de Salubridad Pública Leopoldo Salazar Viniegra, se hizo norma mediante la publicación del Reglamento Federal de Toxicomanías en la edición del sábado 17 de febrero de 1940 en el Diario Oficial de la Federación, una copia del documento está disponible en el archivo de la publicación disponible en internet.

 

Como uno de sus argumentos principales, el documento indica que la persecución y denuncia de los toxicómanos y traficantes de drogas -vigente desde 1931- sólo consiguió encarecer “excesivamente” las drogas  y que sólo obtuvieran beneficio los narcotraficantes; señala que los drogadictos no deben verse como criminales  sino como enfermos que necesitan el tratamiento y atención del estado.

 

“En la práctica (el reglamento de 1931) ha demostrado que sólo se contrae a un pequeño número de viciosos y a los traficantes de corta escala quienes por carecer de suficientes recursos no logran asegurar su impunidad”, indica el documento.

 

Sobre el tema, trabaja la investigadora Araceli Manjón-Cabeza Olmeda, directora de la cátedra extraordinaria “Drogas Siglo XXI” de la Universidad Complutense de Madrid , con base en documentos que alberga la Biblioteca General de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para estudiar el trabajo de Leopoldo Salazar Viniegra, quien fue director del Hospital General de Toxicómanos dependiente del Psiquiátrico “La Castañeda”.

 

“Estuvo experimentando durante mucho tiempo: suministraba mariguana a personas sanas y a quienes tenían una enfermedad mental para demostrar que los efectos no eran tan tremendos como se decía. Su reglamento preveía la entrega de una dosis de cualquier sustancia a cualquier persona que la necesitase”, explicó en el marco del simposio Drogas y criminalidad en la Facultad de Derecho de la UNAM.

 

El médico Salazar Viniegra además realizó un estudio para el cual repartió cigarros de mariguana a 400 internos en cárceles de la Ciudad de México; el resultado fue erradicar el comercio de esta sustancia al interior de las prisiones. Su objetivo era legalizar la siembra y gravarla para hacer de esta manera un monopolio del Estado sobre la droga.

 

Ante las presiones del gobierno de Estados Unidos, las investigaciones científicas de Salazar Viniegra y el propio Reglamento Federal de Toxicomanías quedaron suspendidas mediante otro decreto publicado también en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 3 de julio de 1939, bajo el argumento de que en medio de la Primera Guerra Mundial se había dificultado “grandemente la adquisición de tales drogas enervantes”.

 

En el marco de la discusión de la SCJN Juan Francisco Torres Landa, consejero de México Unido Contra la Delincuencia e integrante de SMART -una de las organizaciones que interpusieron el juicio de amparo que busca la inconstitucionalidad de la prohibición de cultivar mariguana para consumo personal- señaló que los detractores de la despenalización de la planta no han presentado pruebas contundentes en contra del consumo de la planta.
“Todas esas aseveraciones no tienen un sólo dato duro que los apoye. Ellos no pueden citar un sólo país en el cual hayan hecho este cambio regulatorio para no criminalizar el consumo y que eso lo haya disparado: no pasó en Portugal, en Holanda, en Colorado ni en Washington. No tienen datos reales. La estadística en otros países te demuestra lo contrario y el beneficio es que el Estado recupera el control que ahora no tiene”.