La Comisión Permanente hizo un llamado al Instituto Nacional Electoral (INE), a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), al Instituto Electoral del Distrito Federal, a la Contraloría General del gobierno de la Ciudad de México, al contralor de la Asamblea Legislativa y a la Procuraduría General de Justicia local, a implementar acciones tendientes a evitar que los programas sociales sean utilizados con fines político-electorales y que sancionen a los servidores públicos que violen esta prohibición.

 

Asimismo, hizo un llamado al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, para que suspenda los programas de empleo temporal que implementó durante el actual proceso electoral.

 

En tanto, al Jefe Delegacional de Coyoacán, le pidió respetar la Constitución y aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad en la competencia entre los partidos políticos.

 

Al respecto, la senadora del PAN, Mariana Gómez del Campo, explicó que en el proceso electoral para elegir al 60 por ciento de los diputados constituyentes de la Ciudad de México, el gobierno capitalino y los jefes delegacionales del PRD operan los programas sociales para obtener un beneficio electoral.

 

Explicó que su partido denunció públicamente que el gobierno de la Ciudad de México condiciona la contratación de personas mediante un programa de empleo temporal a que los beneficiarios se afilien y voten en favor del PRD.