El representante en México del Alto Comisionado de Nacionales Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, dijo que el Estado mexicano debe de aprobar la Ley General sobre Desaparición de Personas para evitar que casos como el de los 43 normalistas de Ayotzinapa queden en la impunidad.

 

“Hay muchas otras desapariciones en México, entonces estoy hablando de garantías de no repetición, estoy hablando de las garantías sistémicas y que incluyan la Ley, pero no es sólo la Ley, sino que debe mejorar el trabajo de las fiscalías, el acompañamiento de las familias y en general hay que superar este clima de impunidad”, dijo Jarab, después de reunirse con los padres de los normalistas en la normal Raúl Isidro Burgos.

 

En el caso concreto de los normalistas desaparecidos, dijo que hasta el momento ni está esclarecido ni hay garantías de que los responsables vayan a ser castigados, por lo que respaldó el mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para cerrarlo.

 

En tanto, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón, aseguró que la presencia de Jarab demuestra que para Naciones Unidas el caso no está resuelto y que las autoridades mexicanas deben de proseguir en su investigación.

 

Por separado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR), información sobre la intervención del ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, en el caso Ayotzinapa, con el fin de establecer cuál fue el sustento de su actuación y las facultades que tenía en la investigación sobre la desaparición de los 43 jóvenes normalistas.

 

Ombudsman nacional

 

En el marco del informe de labores de la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, también exhortó a la Cámara de Diputados a discutir y materializar las reformas a las leyes reglamentarias de los artículos 29 y 33 constitucionales, así como la minuta que contiene el proyecto de ley contra la tortura.

 

Por su parte, la senadora Angélica de la Peña reconoció que no es fácil llegar a concretar las voluntades políticas para una reforma Constitucional ni para leyes secundarias, sin embargo la Comisión a su cargo logró en el último año, la aprobación de cinco ordenamientos, entre ellos la Ley del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes.

 

También se aprobaron la Ley de Ejecución Penal, y la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

 

El Senado también aprobó los proyectos de las leyes reglamentarias de los artículos 29 y 33 constitucionales en materia de suspensión de garantías y expulsión del territorio nacional de personas extranjeras. No obstante, ambos ordenamientos se encuentran en la Cámara de Diputados en espera de ser discutidos, por lo que hizo un llamado a la colegisladora para que se apreste al análisis y aprobación de estos dos temas, así como a la aprobación del dictamen en materia de tortura y otros tratos crueles y degradante.