De los tres funcionarios que ocupaban cargos de primer nivel en el sistema penitenciario federal cuando escapó Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, y que fueron destituidos por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sólo uno se encuentra libre de cargos.
Se trata de Juan Ignacio Hernández Mora, ex titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.
A diferencia de Celina Oseguera Parra, ex coordinadora Nacional de Centros federales de Readaptación Social, y de Valentín Cárdenas Lerma, ex director del Altiplano, Hernández Mora no fue detenido el viernes cuando se dio a conocer que la PGR cumplimentó órdenes de aprehensión contra 13 personas por el delito de evasión de reo.
Hernández Mora cumplía labores administrativas cuando El Chapo Guzmán escapó del penal de máxima seguridad.
Los tres funcionarios fueron cesados de sus cargos el 13 de julio, dos días después de que el presunto líder del Cártel de Sinaloa escapó del Altiplano por un túnel de mil 500 metros de largo construido desde la bodega de una casa hasta el piso de su regadera en la celda 20.
Aquella vez, Osorio Chong refirió que los funcionarios cesados son aquellos que “tienen relación directa” con la seguridad Cefereso Número 1 del Altiplano y, en consecuencia, tuvieron “algo o mucho que ver” con la fuga.
Se espera que en las próximas horas el juez de la causa determine la situación jurídica de Celina Oseguera Parra, Leonor García García, Valentín Cárdenas Lerma, Roberto Cruz Bernal, Jaime Galindo Hernández, Oswaldo Gastón Veytia Rodríguez, Miguel Ángel Flores Mirafuentes, Agustín Jiménez Molina, Herminio González Albarrán, Miguel Ángel Cortés Carrillo, Érick Sorcia Martínez, Arturo Hernández Hernández y Reyes Mota Carrillo.
Van contra más
En julio pasado, cuando la PGR logró obtener órdenes de aprehensión y la puesta a disposición de siete personas, el juez de la causa determinó dejar en libertad a cuatro de ellas: Emanuel Galicia Conchillos y Luis Alberto Aguilar Morales, monitoristas del Centro de Control, y de José Daniel Aurioles Tavares y Juan Carlos Sánchez García, jefe y operador del departamento de monitoreo, respectivamente, por falta de elementos en su contra.
La PGR buscaría impugnar su libertad, pero continúa el proceso en contra de Vicente Flores Hernández, jefe del departamento de supervisión del Centro de Control de la División de Inteligencia de la Policía Federal; Juan Ignacio Cuarenta Orozco, supervisor de seguridad penitenciaria y Esteban Estrada Ramírez, oficial en prevención penitenciaria.
Estos dos últimos son custodios del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Gobernación, que cumplían funciones en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, Altiplano, donde estaba preso el supuesto líder del Cártel de Sinaloa.
Tras la desaparición de El Chapo, la PGR retuvo a 33 servidores públicos para que rindieran declaración ante el MP de la Federación.