Al llamar al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera a vetar la nueva Ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal, el diputado federal Fernando Rodríguez Doval (PAN) acusó que dicha legislación está en contra del bienestar, integridad y sano desarrollo de este sector de la sociedad, además que “desconoce el derecho primigenio de los padres a educar a sus hijos según sus valores”.

 

El legislador del blanquiazul explicó que este derecho está reconocido y consagrado en diversos tratados internacionales, en la propia Constitución tras la reforma educativa del año pasado, y en infinidad de leyes federales y locales.

 

“Esta ley nulifica el ejercicio de la patria potestad de los padres, madres y/o tutores respecto de las decisiones de sus hijos. Al otorgarle a un niño de 12 años el derecho de uso pleno de su sexualidad, puede abrirle la puerta a las organizaciones delictivas dedicadas a la trata de personas, explotación sexual y pornografía”, argumentó.

 

El también secretario de la comisión del Distrito Federal aclaró que su partido no duda de las buenas intenciones de los legisladores locales con la aprobación de esta ley, pero insistió en que sin buscarlo, ésta puede “abrirle la puerta a la prostitución infantil, la pederastia, la trata de personas, el narcotráfico y la violencia de género”.

 

Rodríguez Doval comentó también que esta ley es “incongruente”, pues mientras se prohíbe a los menores de 18 años de edad comprar cigarros o alcohol, firmar contratos o, incluso, conducir un vehículo a los menores de 16 años, con las modificaciones legales se les otorgan facultades para decidir sobre el inicio de su sexualidad o el uso de anticonceptivos, “a una edad en la que son evidentes las dudas sobre muchas acciones de su vida”.

 

“Es una incongruencia que un médico no pueda intervenir de una apendicitis a una niña de 14 años sin conocimiento de sus padres, pero, en cambio, sí podría practicarle un aborto”, puntualizó al confiar en que el jefe de Gobierno adoptará una postura responsable y ejercerá su facultad de veto para echar atrás la nueva legislación.