El próximo domingo, los ciudadanos saldrán a votar en 15 de estados del país, ocho de los cuales aparecen en la lista de las 10 entidades con mayor incidencia delictiva de alto impacto: secuestro, homicidio y extorsión.

 

La comisión de estos delitos refleja la presencia del crimen organizado y en algunos lugares es más evidente por el número de ataques a las autoridades, los enfrentamientos entre grupos criminales, el abandono de cuerpos con mensajes, la colocación de mantas, secuestros y extorsiones. A partir de un rastreo de notas periodísticas se detectó que, por lo menos en el 10% de los municipios en los que habrá elecciones, se han registrado entre 100 y 130 ayuntamientos, de diciembre a la fecha.

 

El gobierno federal sostuvo una primera reunión de seguridad, para el diseño de una estrategia de vigilancia y seguridad para la jornada electoral, ante la posibilidad de que en algunas regiones de Sinaloa, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Veracruz se registren hechos violentos.

 

A la mala o a la mala

 

Funcionarios federales consultados reconocieron que se han detectado dos formas de participación por parte del crimen organizado en el próximo proceso electoral: la primera como fuerza que se ha hecho presente a través de mantas y asesinatos o secuestros, que pretende influir de forma indirecta en los comicios, generando temor entre los candidatos y los electores, para someterlos.

 

La segunda es la presión que ejerce, a través de sus integrantes ubicados en las distintas colonias, para que gane algún candidato.

 

Muestras de estas presiones han sido la imposibilidad de capacitar a los integrantes de las casillas, porque los funcionarios de los institutos electorales estatales no han podido acudir a las comunidades para ello, particularmente en algunas regiones de Tamaulipas, Sinaloa, Oaxaca y Veracruz.

 

Un ingrediente más es el desplazamiento de habitantes de comunidades amenazadas en Sinaloa, Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas, quienes por miedo a ser asesinados o víctimas de secuestros y de extorsiones, abandonaron sus casas y no obtuvieron una nueva credencial que les permita votar.

 

Las estadísticas

 

De acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a partir de las denuncias presentadas, Baja California, Chihuahua, Veracruz, Coahuila, Oaxaca, Puebla, Sinaloa y Tamaulipas ocupan uno de los 10 lugares entre los estados más peligrosos en homicidios, secuestros o extorsiones.

 

En Baja California, por ejemplo, aparece registrado dentro de los 10 estados con mayor número de secuestros y homicidios en el país. Chihuahua está en la misma tabla pero por homicidios y secuestros.

 

En el caso de Veracruz, se registra dentro de los 10 estados que se extorsiona y secuestra de forma recurrente, y Coahuila junto con Sinaloa aparece en la estadística de las 10 entidades con mayor número de asesinatos cometidos en el país.

 

Oaxaca y Tamaulipas están entre los 10 estados donde mayor número de secuestros se registran y Puebla por las extorsiones.

 

Focos rojos

 

De acuerdo con los registros y seguimiento de la violencia desde las áreas de seguridad del gobierno federal, se prevé que se registren hechos violentos en los días previos a las elecciones, como una forma de presión por parte de los poderes establecidos hacia las autoridades, para generar temor entre la población y como un intento para obtener beneficios por parte de algunos políticos que aspiran a llegar a las presidencias municipales o diputaciones locales.

 

Parte de la estrategia de las autoridades federales es no reconocer públicamente que en por lo menos 80 municipios del país no existen las condiciones para que los ciudadanos ejerzan un voto libre.

 

Tampoco se reconocerá que en otro grupo de 40 ayuntamientos ha habido presiones tan fuertes hacia los candidatos que podrían haber penetrado las estructuras de los partidos políticos o de los gobiernos locales.

 

Esos municipios se encuentran en Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, que han sido identificados como los de mayor riesgo en las próximas elecciones.

 

Aunque se ha definido una estrategia de seguridad desde el gobierno federal para apoyar a las autoridades estatales, particularmente en esas entidades, la orden hacia los agentes de la Procuraduría General de la República y de la Policía Federal es no participar en algún enfrentamiento con grupos armados y disminuir los riesgos hacia la población civil a su menor expresión.

 

Las Fuerzas Armadas también tendrán un papel importante en la vigilancia, pero su presencia se ordenó discreta y para contener cualquier ataque o manifestación violenta.

 

Un funcionario del gobierno federal sostuvo que las próximas elecciones son de las más importantes que se tengan registro, no por el triunfo de algún partido político, sino porque se están poniendo a prueba las instituciones democráticas del país frente a los grupos del crimen organizado.

 

“Se definirá en estas elecciones, al elegir a diputados locales y presidentes municipales, las estructuras más importantes de la vida democrática del país, si soportan los embates de estos grupos o si ya fueron penetrados ellos”, aseveró.

 

El terror del crimen

 

16 de febrero

Mario Landeros Campero, perfilado como candidato a la presidencia municipal de Lerdo, Durango, es secuestrado junto con su chofer, César Amílcar Valenzuela Morales. Ambos fueron encontrados muertos en los lindes de un cerro en Torreón, Coahuila.

 

21 de febrero

David Carrasco Camero, panista perfilado como candidato a la presidencia municipal de Jumiles, salió de su casa en dirección a su parcela, donde regaría su plantación de cebollas. Su cuerpo fue encontrado sin vida al siguiente, 22 de febrero, tenía 3 tiros en la cabeza.

 

9 de marzo

Ramiro Garay Medina, miembro del Consejo Electoral Distrital Número 2 de Tamaulipas, es secuestrado por cinco hombres armados quienes lo sometieron dentro de las instalaciones del consejo. Sigue desaparecido.

 

13 de junio

Jaime Orozco Madrigal, candidato del PRI a la alcaldía de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, es encontrado a muerto en un cruce carretero entre las poblaciones de El Tule, Baborigame, y Tahoma, en ese estado fronterizo. Su cuerpo estaba atado de manos y presentaba impactos de arma de fuego.

 

13 de junio

Frente a su domicilio es incendiada una camioneta propiedad de Sergio Contreras Estrada, candidato del PRD a diputado local suplente por el distrito 13 de Quintana Roo.

 

16 de junio

El presidente del Consejo Estatal del PRD en Oaxaca, Nicolás Estrada Medina, es reportado como desaparecido, su cadáver apareció el pasado jueves 27 de junio.

 

23 de junio

Tres camionetas pertenecientes al PAN son incendiadas en Tierra Blanca, Veracruz, en un ataque perpetrado por bombas molotov.

 

24 de junio

Eleazar Armenta Acuña, candidato suplente a regidor y coordinador de la campaña de la coalición PAN-PRD-PT en el municipio de Sinaloa, es secuestrado de su casa, a 12 kilómetros de la cabecera municipal y asesinado a tiros.

 

24 de junio

Quintín Mendoza Nicolás, candidato a la presidencia de Tantoyuca, Veracruz, es emboscado por varios vehículos con hombres armados, el candidato fue golpeado y posteriormente hospitalizado por la gravedad de sus lesiones. La camioneta en que viajaba fue incendiada.

 

24 de junio

Son incendiadas dos camionetas del PRD en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.

 

25 de junio

Es secuestrado Francisco Navarro Montenegro, ex diputado federal y local, candidato a gobernador y fundador del desaparecido Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN). El 29 de junio es hallado muerto junto con otra persona en Saltillo, Coahuila. Los cadáveres se encontraban atados y presentaban signos de tortura.

 

29 de junio

En Culiacán, Sinaloa, es hallado muerto Jesús Antonio Loaiza Zamora, sobrino del  candidato de la coalición PRI-PVEM-Panal a la presidencia municipal de San Ignacio, Amado Loaiza Perales. Su padre, Antonio Loaiza, es el coordinador de la campaña de Loaiza Perales.

 

29 de junio

Rosalía Palma, candidata a diputada local por el PRI-PVEM en Oaxaca es emboscada por sujetos armados con fusiles R-15, su esposo y su sobrina, quienes viajaban en la camioneta de la diputada murieron en el ataque. La candidata fue trasladada al hospital con impactos en el brazo y el pecho.

 

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