Acelerar y sustentar el crecimiento económico no sólo requiere de grandes reformas legales en la economía como ha planteado el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

 

Si lo que se busca es hacer de la inversión el motor del dinamismo económico del futuro, se tendrá que potenciar cada peso adicional de inversión para que éste se traduzca en nuevos empleos, en un mayor consumo y en más demanda interna.

 

Pero no todo lo que brilla es oro en materia de reformas. No por lo menos cuando los inversionistas se enfrentan -en el día a día- a la realidad de las oficinas públicas, a los intereses de los políticos en los gobiernos locales, y a una cultura de la burocracia que marca los tiempos y las formas más allá de lo que dicten las grandes reformas macroeconómicas.

 

Allí están los descubrimientos de los casos de corrupción entre los gestores de licencias municipales de la multinacional Wal Mart que -sin exculparlos- son fieles retratos de un “modus operandi” generalizado en los ámbitos oficiales del país.

 

Pero el descubrimiento no llama a sorpresa en México. No es novedad para los miles de ciudadanos que han sido víctimas recurrentes de casos similares en alguna oficina de trámites gubernamentales.

 

Otro caso es la empresa española Gas Natural Fenosa que ha pasado por situaciones similares en la Ciudad de México. Y es que la empresa de energía, a pesar de tener un compromiso de inversión anual en su propia normatividad para incrementar su red de distribución en la Ciudad de México, no puede alcanzar sus metas por la “indiferencia” (en el mejor de los casos) de los funcionarios delegacionales de la capital.

 

Y es que de 114 licencias solicitadas en 15 delegaciones para ampliar su red, sólo se han obtenido 33; de las 81 restantes no hay noticia, sólo silencio en delegaciones como Xochimilco, Gustavo A. Madero, Alvaro Obregón o Iztapalapa, que en seis años no han otorgado una sola licencia en un asunto -como la distribución del gas a través de ductos- que es crucial para la ciudad.

 

Hay que decirlo claro. Es evidente que en éstas y otras delegaciones de la Ciudad de México pesan más los intereses de los empresarios que distribuyen gas LP en camiones repartidores, que los planes de Miguel Ángel Mancera desde el gobierno central. De hecho, se tendría que auditar a los funcionarios en las delegaciones por éstas y otras irregularidades; como en el caso de Wal Mart, o -desde otra perspectiva- en el caso del fallido proyecto de Dragon Mart en Cancún.

 

Pero esa es la realidad de lo que ocurre con la inversión a pesar de los grandes planteamientos en el discurso público desde los balcones de las secretarías de Estado o desde Los Pinos.

 

Es allí -en las delegaciones, en los municipios, en las oficinas públicas, en los vértices entre el poder económico y los políticos locales- en donde se tiene que producir una revolución paralela, la revolución que hace falta, para que las reformas legales en los sectores estratégicos, realmente potencien la inversión que pretenden atraer.

 

Sin una revolución política de fondo -institucional y cultural- en el municipio y en los gobiernos locales, sólo conseguiremos reformas económicas descafeinadas.