Al afirmar que no “hay marcha atrás” en la implementación del nuevo sistema de justicia penal, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que el gobierno federal tiene como meta que el mecanismo adversarial y oral opere en su totalidad en 28 estados a finales de este año.
Al inaugurar el sexto foro de Seguridad y Justicia “Cómo sí implementar la reforma penal”, el funcionario federal consideró que a pesar de las resistencias que persisten en las entidades para echar a andar el nuevo sistema, no habrá prórroga y éste tiene que funcionar al 100% antes de 2016.
“Queda poco tiempo para lograr el acceso efectivo a una justicia eficaz que nos permita transitar de un proceso inquisitivo, escrito, secreto y formalista hacía uno abierto, con juicios orales donde se apliquen los principios de transparencia con pleno respeto al debido proceso”, declaró el encargado de la política interior del país.
Las entidades y el gobierno federal, explicó, tienen dos años “para terminar de destrabar las resistencias que aún persisten al cambio, motivadas por una cultura arraigada en el funcionamiento tradicional”.
Osorio Chong advirtió que tienen cómo máximo dos años para “armonizar más de 400 leyes, construir infraestructura, desarrollar plataformas tecnológicas, capacitar a policías, ministerios públicos y jueces para que realicen mejor su labor”.
Las autoridades estatales tienen el reto de “ir al corazón del sistema y replantear las conductas de trabajo de quienes procuran justicia, la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal requiere redoblar esfuerzos y llegar juntos a ese momento, sin que nadie se quedé atrás”.
Alianza con la sociedad
De acuerdo con el titular de Gobernación, la administración de Enrique Peña Nieto tiene una alianza estratégica con las organizaciones de la sociedad civil, con las cuales, se comprometió a que “no hay marcha atrás” en la implementación del nuevo sistema de justicia oral y adversarial.
Bajo ese contexto, envió un mensaje a los mandatarios del país: “no existe justificación para dejar de hacer la tarea que a cada uno nos corresponde, cuentan con todo el apoyo del gobierno de la República y el amplio consenso ciudadano, porque la reforma de 2008 constituya la transformación más significativa de nuestro sistema penal en los últimos 100 años”.
A su juicio, la reforma penal, aprobada en 2008, que da un plazo máximo de 2016 para que en las entidades se aplique el nuevo sistema de justicia basado en los juicios orales y las resoluciones de conflictos mediante mecanismos alternativos, significa “lograr mayor confianza de los ciudadanos en las instituciones encargadas de proteger sus derechos”.
Los nuevos mecanismos, dijo, “no sólo requieren de la construcción de nuevos edificios o la adecuación de salas de juicios orales, demanda por encima de todo fortalecer el profesionalismo, implica operar el sistema con una nueva mentalidad”.
Desde la administración federal buscan “desarrollar nuevas capacidades, como la investigación científica del delito, una mejor coordinación interinstitucional, así como adquirir habilidades de instrumentación jurídica para un proceso que se desarrolle de manera pública”.
Entre las acciones del gobierno federal para acelerar su implementación, indicó, se encuentra “el Código Nacional de Procedimientos Penales, que para que se tenga su máxima utilidad, el presidente presentó al Senado una iniciativa de Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias misma que ahora se está analizando”.
Reforma podría fracasar
Durante su participación en el foro, Alejandro Martí, director de México SOS, vaticinó que el nuevo sistema de justicia fracasará si el Poder Legislativo no trabaja en una reforma a la Ley de Delincuencia Organizada acorde a los nuevos mecanismos orales y adversariales.
“Con la misma vara que son medidos quienes roban un pan serán quienes sean narcotraficantes o secuestradores”, afirmó el representante de la sociedad civil y pidió al gobierno evitar “cumplir a medias”.
En el sexto Foro de Seguridad y Justicia, el cual continuará este jueves, asistieron Jesús Murillo Karam, titular de la PGR, Juan Silva Meza, ministro presidente de la SCJN y representantes de las distintas organizaciones civiles dedicadas a la defensa de las víctimas.