No pasa inadvertido para la Procuraduría capitalina, que el debate sobre el dictamen que pudiera ser favorable a la Ley de Seguridad Interior por parte del Senado de la República, deja ver que es indiscutible que saldrá a flote la atribución de las fuerzas armadas en roles que corresponderían a las corporaciones policiales civiles y, consecuentemente, la implementación de operativos conjuntos entre las fuerzas armadas y las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas y municipales del país.

 

Ello no es muy plausible, ya que pudiera dar lugar a violaciones a los derechos humanos; de hecho, en reiteradas ocasiones la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Corte Interamericana han opinado que las fuerzas armadas carecen del entrenamiento adecuado para el control de la seguridad ciudadana y, por tanto, las corporaciones policiales civiles resultan más eficientes en tareas de combate a la inseguridad y la delincuencia en el ámbito interno, lo que redunda en un mayor respeto a las garantías.

 

Derivado de esta preocupación social, para la Policía de Investigación capitalina la profesionalización en el nuevo sistema de justicia penal representó todo un reto, no sólo porque se debía cumplir como parte de un compromiso institucional que tenía una fecha impostergable, sino porque la capacitación y profesionalización debía ser útil operativamente hablando y eficiente para la ciudadanía.

 

El proceso de profesionalización, acorde con el Plan Estratégico de Capacitación en Materia de Justicia Penal y Competencias Policiales Básicas, aprobado el 21 de agosto de 2015 durante la XXXVIII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública,permite desarrollar la competencia de solucionar problemas reales en situaciones que requieran capacidad de reflexión y toma de decisiones reactivas, como corresponde en el Estado de Derecho en el que se aplican.

 

Es así que el Programa Rector de Profesionalización, en términos del artículo 98 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece que la profesionalización es un “proceso permanente y progresivo que se integra por las etapas de formación inicial, actualización, promoción, especialización y alta dirección, lo que conlleva desarrollar competencias, capacidades y habilidades de los miembros de las corporaciones policiales”.

 

La función policial se vincula también con el ejercicio pleno de facultades legales específicas, con la ejecución y aplicación práctica de técnicas de intervención e investigación, incluyendo el uso de la fuerza para la detención en flagrancia y en ese sentido se requiere contemplar tres aspectos como mínimo para que los cuerpos de seguridad operen profesionalmente: el conocimiento y dominio del marco jurídico, la capacitación y el equipamiento.

 

 

Raúl Peralta Alvarado

Jefe General de la Policía de Investigación de la PGJCDMX