Ayer en un seminario organizado por la calificadora Fitch, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, calificó de “preocupación pública” la inflación actual y sus consecuencias sobre el poder adquisitivo de los salarios.
Lo dijo así: “Lo que ha sido preocupación para el Banco es que la desviación por arriba del techo en nuestra banda de variación de 4% ya se ha prolongado bastante, ya es un tema de preocupación pública, existe cierta evidencia que podría estar afectando los salarios”.
Tiene razón. La inflación ha superado ampliamente la meta del banco central y existen indicios que este comportamiento puede prolongarse en 2013. En la primera quincena de octubre la inflación general fue 4.64% y el comportamiento alcista de los precios ha sido particularmente nocivo para la población de menores ingresos que tienen un consumo relativamente alto de productos agropecuarios.
La inflación anual para quienes ganan entre uno y tres salarios mínimos fue 5.9% y 5.5% para quienes tienen un ingreso entre tres y seis salarios mínimos. Esto es derivado de una inflación anual de 16.27% en los productos agropecuarios.
Lo preocupante es que el comportamiento alcista de los precios no sólo proviene de los llamados “choques de oferta” en el sector agropecuario y sus impactos multiplicadores en la cadena de alimentos y bebidas procesadas (con una inflación anual de 6.7%). También se observa un consistente incremento de precios en las “mercancías no alimenticias” cuya inflación pasó de 2.39% en diciembre de 2011, a 4.02% en la primera quincena de octubre pasado.
A lo anterior hay que añadir el impacto esperado en el año nuevo derivado del alza de precios y tarifas de bienes y servicios públicos, así como los potenciales efectos cambiarios en los precios por la inestabilidad financiera europea.
Este conjunto de factores es el que inquieta por el deterioro que provoca en los salarios reales de la mayor parte de la población -y de su poder de compra- en momentos en que la economía ya da muestras de desaceleración.
Pero no se puede obviar que el nivel de inflación que ahora preocupa a Carstens también se deriva, en parte, de la decisión previa que tomaron Banxico y Hacienda de acumular cuantiosas reservas internacionales -éstas crecieron 43% en los últimos 24 meses- a través de una política cambiaria de flotación sucia que debilitó al peso frente al dólar. Aquí hemos comentado ampliamente este asunto en diversas ocasiones (vea, por ejemplo, las columnas publicadas el 1 y 2 de diciembre de 2011).
La fuerte devaluación que sufrió el peso entre julio de 2011 y agosto de este año con fluctuaciones en un rango de 13 a 14.2 pesos por dólar tuvo efectos sobre la formación de precios, especialmente en los insumos como lo muestra la evolución del índice de precios al productor, “internalizando” la devaluación cambiaria en los precios locales (“pass-through”), generando mayores expectativas inflacionarias de corto plazo, y creando presiones adicionales en las negociaciones salariales.
Ahora se enfrentan presiones inflacionarias que erosionan los salarios y -de no ceder- cuestionan la credibilidad del banco central. Ha llegado el momento, para la Junta de Gobierno, de tomar decisiones de política monetaria y de dejar de abusar de la acumulación de divisas a través de la política cambiaria.
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