Ayer volvieron a arreciar las acusaciones mutuas entre los directivos de MVS Comunicaciones y el gobierno federal. El empresario Joaquín Vargas presentó las pruebas que había ofrecido sobre las conversaciones (vía Blackberry) que sostuvo con la vocera de la Presidencia de la República, Alejandra Sota, y con Javier Lozano, entonces secretario del Trabajo. Vargas volvió a afirmar lo que ya había dicho: Que funcionarios del gobierno federal chantajearon y amenazaron a la empresa con la concesión de la banda 2.5 GHz a cambio de una disculpa pública de la periodista Carmen Aristegui, disculpa que -según Vargas- fue redactada y supervisada por Sota.
Horas después la propia Alejandra Sota en conferencia de prensa volvió a señalar que estas acusaciones son falsas, aunque sin la contundencia de las pruebas que presentó Joaquín Vargas por la mañana.
Pero más allá de las inusuales acusaciones planteadas por Vargas -y que ya han generado un necesario debate sobre la relación entre el gobierno y los medios- surgió otra controversia en la reunión de prensa a la que convocó MVS: La de las cifras.
José Antonio Abad, vicepresidente de finanzas de MVS, reiteró que la contraprestación económica que hicieron (y hacen, según insistió) al gobierno federal por los 190 MHz que poseen en concesión de la banda 2.5 GHz, fue por 859 millones de dólares o su equivalencia de 11 mil 164 millones de pesos.
La cifra que dio a conocer MVS es diametralmente distinta a los 104 millones de pesos que el 16 de agosto pasado señaló la Secretaría de Hacienda como la oferta que habría hecho MVS y que representa 0.34% de los 27 mil millones de pesos en que Hacienda valuó la concesión.
Evidentemente que la diferencia del monto señalado por uno y otro es abismal, incluso si se toman en cuenta las consideraciones metodológicas para realizar el cálculo. MVS asegura que esa oferta estuvo siempre sobre la mesa de negociación con la SCT; el gobierno federal lo desmiente. Alguien no está diciendo la verdad en cuanto a las cifras.
Lo cierto es que MVS ha puesto públicamente una cifra sobre la mesa como contraprestación por los 190 GHz que posee: 859 millones de dólares, cantidad que puede ser discutida, pero que contradice la idea de que MVS quiere que el gobierno “le regale” las concesiones como sugería el boletín de prensa de Hacienda y del que hizo eco buena parte de la prensa.
El asunto del precio es relevante porque es el argumento principal que sustenta la decisión del gobierno federal para “retirarle” las concesiones a MVS y sobre el que el gobierno ha fincado su estrategia de comunicación a la opinión pública. Incluso más allá de la subutilización de las propias frecuencias concesionadas a la familia Vargas, cuestión que también ocurre con otros concesionarios.
Como lo hemos señalado, en el asunto del precio si bien Hacienda está facultada para realizar estos cálculos, en todo el proceso de negociación que se llevó a cabo con MVS, el gobierno federal desestimó la opinión de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, el órgano técnico especializado en la materia.
Ahora las graves acusaciones de uno y otro han dejado el camino sin retorno y será el gobierno priista quien deba buscar soluciones ante la posibilidad de un retraso fatal para las telecomunicaciones del país.
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