Ante la ofensiva del Frente en Defensa de Wirikuta, en San Luis Potosí, por la eventual reapertura de la mina Santa Ana, la empresa a cargo del proyecto, Minera Real Bonanza, responde con un programa de “responsabilidad social” con inversiones por 10 millones de dólares para mitigar el impacto ambiental en la zona.

 

Uno de los argumentos de los opositores al proyecto es el impacto ambiental por la contaminación del suelo y el agua, así como las afectaciones a la salud de los habitantes de la zona derivadas de la actividad minera.

 

Como parte de las acciones pen defensa del territorio wixárica, los activistas preparan para este fin de semana el Wirikuta Fest. Por el derecho a lo Sagrado en el Foro Sol, con la actuación de Caifanes, Calle 13 y Café Tacuba, entre otros; según anunciaron, lo que se recaude se entregará a la defensa legal de la zona.

Por su parte, la minera, que opera en asociación con la canadiense First Majestic Silver se defiende al anunciar un programa de acciones sociales y de mitigación del impacto ambiental en beneficio de las comunidades del municipio de Catorce. Afectaciones habrá, “pero estamos tratando de afectar lo menos posible”, afirma Ricardo Flores Hernández, director general del proyecto minero.

 

La ex hacienda de Santa Ana, que albergará el museo de sitio.

 

La compañía prevé iniciar operaciones en 2014. En tanto eso ocurre, la minera trabaja en la elaboración de la Manifestación de Impacto Ambiental que habrá de presentar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a finales de este año.

 

El Frente en Defensa de Wirikuta, conformado por ambientalistas, grupos indígenas y habitantes de la zona, advierte que la empresa y su socia canadiense trabajarán a cielo abierto, lo que significará la devastación de los cerros sagrados para los wixárikas o huicholes.

 

Sergio Serrano, del Frente Amplio Opositor, integrado al grupo opositor, advierte sobre los riesgos de contaminación en los alrededores por cianuro y la dispersión de metales en el agua y el suelo, que a su vez traerán daños a la salud de los pobladores. “Será tal como está sucediendo en el cerro de San Pedro con la mina San Xavier, donde la gente ya está enferma (…)”, dice en entrevista.

 

Un reporte del Instituto Nacional de Ecología señala que las minas de plata y oro son las que más contaminan porque utilizan mercurio y cianuro para la extracción de los metales, lo que produce jales -residuos del proceso- en forma soluble que se abandonan en terrenos, barrancas o ríos aledaños.

 

Ricardo Flores, en defensa del proyecto.

 

Según el organismo dependiente de la Semarnat, ocho de las 14 regiones mineras en la entidad están abandonadas y presentan un alto nivel de afectación y riesgo para la salud humana y el ecosistema.

 

Conforme al plan de manejo de Minera Real Bonanza, la extracción de plata se realizará mediante el proceso de flotación, en el que no se utilizan cianuro o arsénico; en su lugar, señala Flores Rodríguez, se emplean los químicos biodegradables aerophine y aerofrot.

 

Se trata de sustancias no tóxicas que funcionan como acondicionador de suelos, siempre y cuando se utilicen las proporciones establecidas en las Hojas de Datos de Material (MSD por sus siglas en inglés), una reglamentación aprobada para la minería a nivel mundial, explica el químico de la UNAM, Luis Manuel Guerra.

 

El directivo señala que los jales o residuos serán sembrados en el mismo terreno donde la empresa que operó antes la mina dejó sus desechos, y que sí contienen arsénico y cianuro, a fin de facilitar la reforestación con pirules, álamos, cedros y capulines.

 

Vista del interior de la mina.

 

¿Responsabilidad Social?

 

Con una inversión aproximada de 100 millones de dólares en la mina, la empresa promete generar más de dos mil empleos directos e indirectos. Aunado a lo anterior, su programa de responsabilidad social incluye la construcción de dos plantas de tratamiento de agua, la reforestación de la zona, la apertura de un museo de sitio en el casco de la vieja hacienda, cercana a la mina, así como una escuela de artes y oficios para los habitantes de la región.

 

Al respecto, la investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Lilia Granillo, descalificó las acciones que promete la minera. En opinión de la directora del proyecto “México, país minero”, un programa de responsabilidad social debe garantizar la generación de fuentes de empleo para las siguientes cinco generaciones, aunado a que la minera está destruyendo el tejido social de la zona.

 

“Responsabilidad social es aquella donde la empresa o la organización responde por los impactos positivos y negativos de sus operaciones y decisiones a nivel social, a nivel económico y a nivel ambiental y lo hace manera trasparente y con un comportamiento ético, que quiere decir que pueden caminar libremente por todo el país, por todo el mundo sin que la gente les grite, les proteste”, afirma Granillo, quien se ha dedicado a investigar el impacto social de la actividad minera en el territorio nacional.

 

Jóvenes del lugar aprenden el oficio de la platería.

 

Agregó que a diferencia de lo que ocurre en México, los proyectos mineros en países como Estados Unidos y Canadá, así como en otros de Europa, son ejemplos de sostenibilidad y sustentabilidad.

 

La fiebre de la plata

 

La minería en México constituye uno de los sectores más dinámicos de la economía. Tan sólo en lo que se refiere a la producción de plata, el país se ubica en el primer lugar a nivel mundial.

 

Datos de la Secretaría de Economía (SE) muestran que la actividad extractiva en su conjunto aporta 4.9% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y que en los últimos nueve años la producción minera del país aumentó 60%.

 

Actualmente existen 27 mil concesiones mineras vigentes en todo el país, lo que equivale a 15% del territorio mexicano. Las cifras oficiales señalan que 209 empresas canadienses trabajan en el territorio mexicano, lo cual significa que 75% de la Inversión Extranjera en el sector proviene de esa nación.

 

La bonanza minera de los últimos años alcanzó al altiplano potosino. El Plan de Manejo de Wirikuta, desarrollado por los gobiernos federal, estatal y municipal, da cuenta de la existencia de 79 concesiones otorgadas a distintas empresas que abarcan 27% de esa zona declarada como Área Natural Protegida.

 

“El número de concesiones ha aumentado en los últimos años de forma inusitada y de nueva cuenta se escucha a la población soñar con bonanzas pasadas”, indica el documento.

 

Desde hace 12 años los precios de la plata se han incrementado 750%, debido a la demanda que existe de este mineral para la fabricación de celulares, computadoras (sobre todo teclados), contactos eléctricos y baterías, perfumes y medicinas.

 

En los mercados internacionales, la onza de plata cotiza en un promedio de 30 dólares, aunque analistas calculan que podría llegar a los 50 dólares en el transcurso del año.

 

Piezas diseñadas por habitantes de la zona.