El Congreso de la Unión anunció ayer a los integrantes del Pacto por México su decisión de aprobar la Ley General de Servicio Profesional Docente, llamada de la discordia, en sus primeras sesiones del periodo ordinario.

 

Los representantes del gobierno y de los partidos políticos dieron la bienvenida a este anuncio porque, explicó el representante panista Marco Antonio Adame, así se da cumplimiento “a la prioridad de encauzar la agenda”.

 

Este acuerdo no cancela las vías del diálogo, señalaron fuentes gubernamentales. Anoche mismo transcurría una reunión más encabezada por el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, con la asistencia de delegados magisteriales.

 

Sin embargo, no habrá cambios al dictamen aprobado en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados donde, en estricto cumplimiento de la ley, deberá discutirse y en su caso aprobarse en la primera sesión plenaria.

 

De este mandato legal fue informada la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación  (CNTE). La primera sesión está programada para el martes, pero senadores y diputados  discutían la conveniencia de acelerar el trámite en busca de desactivar las protestas callejeras. Inclusive se analiza si se convoca de emergencia para el domingo por la noche, después de la inauguración del período ordinario.

 

-¿Cuándo podría discutirse? –se peguntó al presidente saliente de la Cámara de Diputados, el priísta Francisco Arroyo Vieyra.

 

-Bien prontito. Lo más pronto posible –contestó.

 

El ex gobernador morelense Marco Antonio Adame, responsable de la comisión educativa en el Pacto por México, dio la bienvenida a la decisión de los legisladores y subrayó:

 

-Es la prioridad.

 

-¿Esto supone desoír a los inconformes?

 

-No, absolutamente. Es una definición de Estado por el bien del país. Todo lo demás tiene su espacio, su tiempo, su lugar. Diálogo lo habrá en todo momento, pero la reforma educativa va y la Ley General de Servicio Profesional Docente es una parte sustantiva de esa reforma.

 

Adame y Arroyo Vieyra destacaron el papel del Congreso de la Unión con espacio de discusión y recordaron cómo diputados y senadores impulsaron foros en los cuales participaron representantes del magisterio, entre ellos el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

 

-Los escuchamos comedidamente y los puntos de vista que no transgredían el espíritu de la ley y de la reforma educativa quedaron incorporados en cambios constitucionales y en las leyes secundarias, una de las cuales todavía falta de ser aprobada por los plenos –explicó Arroyo Vieyra.

 

Al interior del Pacto, detalló Adame, se ha tomado la decisión de abrirse a opiniones disidentes, pero el espacio natural de negociación es y serán la Cámara de Diputados y el Senado de la República.

 

Finalmente Adame refrendó el interés de su partido, Acción Nacional (PAN), de mantenerse dentro del Pacto y aseguró que nunca hubo el riesgo de abandonarlo porque no se consideró en riesgo la aprobación de la ley reglamentaria de la evaluación, corazón de la reforma educativa y manzana de la discordia con el magisterio disidente.