La investigación contra Hernández, por lavado de dinero

Autoridades federales investigan a familiares del ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, por un depósito de cinco millones de pesos y gastos en tarjetas de crédito que rebasan los parámetros normales de consumo, como parte de averiguaciones previas en contra de tres mandatarios de esa entidad, presuntamente vinculados a la delincuencia organizada.

Las autoridades buscan el origen del dinero que, hasta este momento, suponen que procede de lavado de dinero. La investigación sobre los familiares de Hernández se centra en su esposa, Adriana González, cuyas cuentas y operaciones financieras despertaron la sospecha de las unidades de investigación de lavado de dinero.

Hernández negó que se tratara de dinero mal habido. “Lo de mi señora está plenamente justificado y no tenemos ni un problema con eso”, dijo al ser consultado.

Fuentes del PRI insistieron en que la información que les ha proporcionado Hernández es que no hay nada ilícito o irregular en las operaciones de su esposa, y que su origen se puede documentar.

Las autoridades federales incluyen en la investigación en el entorno del ex gobernador a 18 funcionarios de su administración, que fue de 2005 a 2010. No se han revelado detalles de esas pesquisas.

Hernández rechazó cualquier insinuación de enriquecimiento inexplicable. “Llegué en el año 2000 a la política siendo un empresario próspero”, indicó. “Y mi esposa también tenía sus negocios bien establecidos”.

El ex gobernador de Tamaulipas, entidad de país asolada en las últimas dos décadas por el cártel del Golfo y después por el de Los Zetas, originalmente brazo armado de aquél, pero hoy en pugna por el territorio para el tráfico de drogas, fue presidente municipal de su natal Ciudad Victoria.

Luego, diputado federal y coordinador del comité de financiamiento de quien lo antecedió en el cargo, Tomás Yarringtón, también emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En otro contexto, el mes pasado, una filtración permitió conocer que la Procuraduría General de la República (PGR) pidió a l titular de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Héctor González Weeks, informara con carácter de urgente y confidencial si tres ex gobernadores de ese estado, Manuel Cavazos Lerma, Yarringtón y el propio Hernández Flores, así como sus familiares, realizaron viajes de entrada y salida de México y, de ser el caso, qué personas los acompañaron en los vuelos.

El hecho, fue interpretado como una “alerta migratoria” para los tres políticos priistas.

Hernández dijo también que “mis negocios siguieron funcionando, nada que ver con el gobierno, así que por ese lado no tengo ningún problema”.

De 52 años de edad, Hernández fue visto el miércoles de la semana pasada en la capital del país, donde señaló que no ha sido citado por la PGR y que “me gustaría que lo hiciera”.

A finales de enero, en una carta enviada a medios de comunicación, el ex mandatario tamaulipeco apuntó en relación a la “alerta migratoria”, derivada, a su vez, de presumible investigación en contra de los tres ex gobernantes por complicidad en delitos contra la salud, que no había recibido ningún requerimiento por parte de la PGR o cualquier otra institución, y que se había enterado a través de los medios de comunicación.