Esta semana se ha discutido, en el Senado de la República, la Ley General de Víctimas, y a pesar de que las comisiones unidas de Gobernación, Derechos Humanos, Justicia y Estudios Legislativos aprobaron reformas, el tema central aún no está decidido, que es el de agilizar la reparación de daño a las víctimas de un delito.

 

Lo que se pretende es quitar la inequidad que existe actualmente entre las víctimas de un ilícito y las víctimas que surgen por errores en las integraciones de averiguaciones previas o en casos en que los delincuentes son detenidos y se les violaron sus derechos.

 

Actualmente la ley permite que las víctimas del sistema, es decir, diversos delincuentes a los que se violó sus derechos, puedan solicitar una compensación por reparación de daño con tan sólo obtener una recomendación de alguna comisión de derechos humanos. Este proceso les puede tardar hasta menos de un año y lo interesante es que en estos casos no hay un límite en el monto para pagar la reparación del daño.

 

Sin embargo, en las víctimas de un delito sí hay un límite en la reparación del daño, y éste es de hasta un millón 11 mil 208 pesos. Pero lo más grave es que las víctimas del delito pueden tardar hasta 10 años en recibir su reparación del daño, pues requieren de una sentencia condenatoria por parte de un juez para conseguirla.

 

Los cambios que se pretenden…

 

1. Los senadores están de acuerdo en el hecho de que la Ley General es ineficiente en cuanto a la operación del Fondo de Ayuda, ante lo cual se está proponiendo flexibilizar los mecanismos de acceso a los recursos.

 

La nueva redacción que se pretende aprobar quiere dejar en claro que el derecho de las víctimas es el tener acceso ágil, eficaz y transparente a los fondos de ayuda. “El fin es dejar asentado quién es poseedor de derechos y quién es el responsable de hacerlo realidad”.

 

2. El proyecto propone dar mayor participación a las víctimas y a las organizaciones de la sociedad en el diseño de programas, en su operación y evaluación. Esto significa que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) dejaría de tener una asamblea consultiva, y ahora el comisionado ejecutivo tendría un consejo directivo ciudadano que garantice la participación social en la toma de decisiones.

 

3. Sobre las aportaciones a los fondos estatales de las entidades federativas, el dictamen plantea que se haga con base en un factor poblacional, pero también que se relacione con los indicadores delictivos.

 

El tema es importante porque si ponemos como ejemplo a los huérfanos de la delincuencia organizada, podremos observar cómo niños se han quedado sin ayuda, viviendo en albergues en malas condiciones. Tan sólo tenemos que voltear a ver a los huérfanos de la masacre de Allende, Coahuila.

 

En otros procesos

 

Raúl Cervantes tendrá una agenda apretada. De entrada se queda con el caso clave que es el de Iguala y la desaparición de los 43 normalistas. Ahí cuenta con la ventaja de tener la captura más reciente del jefe policiaco de Iguala.

 

Los otros temas que tendrán que resolver y que fueron claves son el de Tlatlaya, Nochixtlán, Tanhuato y el caso de los gobernadores Guillermo Padrés y Javier Duarte.

 

(@osdtagle)