Ningún incremento de impuestos es popular y menos aun cuando éstos se aplican en momentos en que los contribuyentes están pasando por una caída en sus ingresos reales y la economía atraviesa por una recesión.

 

Si bien el gobierno ha rechazado que los nuevos impuestos sean la causa del freno que vive la economía mexicana en el arranque de este año, la percepción entre la población y analistas del sector privado no es así. Según la más reciente encuesta del diario Reforma, el 53% de los ciudadanos dijo haber sido afectado por los mayores impuestos, dato que se refuerza con la caída en las ventas comerciales, en las ventas de vehículos y en el comportamiento negativo del sector de la construcción durante los primeros meses del año.

 

Al ajuste generalizado a la baja en las expectativas de crecimiento económico para 2014, se añade que el 81% de los líderes encuestados por el diario piensan que el alza de impuestos afectó su situación económica.

 

Así que la percepción sobre el impacto negativo de la reforma tributaria en la marcha de la economía y en la situación particular de las familias es bastante generalizada; percepción que el gobierno no sólo no ha podido contrarrestar sino que ha sido una de las principales razones que explican la baja aprobación del presidente Enrique Peña Nieto a poco más de 16 meses de iniciado su gobierno (45% de aprobación versus 49% de desaprobación, según Buendía y Laredo dado a conocer el 10 de abril pasado).

 

Este modesto porcentaje de aprobación de Peña Nieto al quinto trimestre de iniciado su gobierno -Felipe Calderón tuvo 61% de aprobación en este mismo periodo- le obliga al Presidente y a su partido a acelerar la entrega de mejores resultados económicos tomando en cuenta que en 14 meses más (el 7 de junio de 2015) habrá elecciones en nueve estados de la República en los que se elegirá gobernador.

 

Las elecciones a mitad de su gobierno son vistas como un termómetro sobre la aprobación o desaprobación de la población sobre la agenda reformista seguida por el Presidente durante sus primeros dos años de gobierno y sus resultados de corto plazo en la economía de las familias. En buena medida los resultados de esos comicios determinarán el rumbo hacia las elecciones presidenciales de 2018 y perfilarán candidaturas al interior del partido gobernante, pero también en los partidos de oposición. De allí que las estrategias político-electorales de todos los partidos y sus facciones internas ya estén en marcha.

 

Habrá comicios en 17 entidades: Se disputarán nueve gubernaturas y en ocho estados más se renovarán congresos estatales y ayuntamientos. El asunto es que en cinco de los nueve gobiernos estatales en juego, la competencia electoral ha sido sumamente reñida en los más recientes comicios locales. En estados como Guerrero, Sonora, Colima, Michoacán y San Luis Potosí la diferencia entre el primer y segundo lugar fue menor a los cinco puntos porcentuales, mientras que en los otros cuatro estados en los que habrá elecciones para gobernador: Nuevo León, Querétaro, Campeche y Baja California Sur, esta diferencia fue entre ocho y cinco puntos porcentuales. Así que como se puede apreciar, todo apunta a que se tendrán campañas y elecciones sumamente disputadas.

 

En ese contexto electoral es que cuenta, y mucho, el bolsillo de los electores; por eso es que se prevé que el ejercicio del gasto público se convierta en un factor crucial para el gobierno -y para las campañas de los candidatos del PRI- particularmente hacia el segundo semestre de este año.

 

El comportamiento de la economía y el ejercicio del presupuesto público en lo que resta del año tendrá, pues, un altísimo componente político-electoral por lo que está en juego. No sólo se tratará de la aprobación ciudadana del Presidente y de sus reformas en lo inmediato, sino también la implementación de ellas en el resto del sexenio y la continuidad del PRI más allá de 2018.