La detención del ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, es un ejemplo de que el principal ingrediente de la lucha contra la corrupción y la aplicación de una procuración de justicia eficaz es la voluntad de los gobernantes de los estados.

 

En los procesos que se siguen en contra de varios ex gobernadores que abusaron de manera escandalosa de sus cargos para enriquecerse con los recursos públicos a su cuidado como son los casos del panista sonorense Guillermo Padrés, los priistas Javier Duarte de Veracruz, Roberto Borge de Quintana Roo, César Duarte de Chihuahua, Andrés Granier de Tabasco y otros más, tuvo que ser el gobierno federal el que se puso en acción para que sus actos no quedaran en la impunidad.

 

Ante la inacción de las procuradurías estatales las indagatorias que llevaron a la detención de estos personajes tuvieron que ser realizadas por la Procuraduría General de la República y Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda.

 

En el caso de Eugenio Hernández las cosas fueron distintas, se trató de una investigación de la fiscalía de Tamaulipas la que documentó cómo en complicidad con Alberto Berlanga Bolado, su ex secretario de Obras, y la empresa GMC, S.A de C.V. en 2007 despojó al estado de un terreno de mil 600 hectáreas localizado en el Puerto Industrial de Altamira a un precio irrisorio y donde al parecer además operan células de la delincuencia organizada.

 

Hasta hace una semanas Eugenio Hernández se paseaba impune por dentro y fuera de Tamaulipas, es más al momento de su detención se trasladaba a participar en una carrera de motos en Zacatecas y tuvo todavía el gesto ufano de pedir a los agentes policiacos que lo detuvieran a su regreso de la competencia.

 

Ya existía una investigación de la procuraduría tamaulipeca por los negocios de Eugenio Hernández, pero estuvo años durmiendo el sueño de los justos congelada por el gobierno del priista Egidio Torre Cantú; el propio Hernández presumía de su blindaje, a pesar de las investigaciones en su contra de la DEA en Estados Unidos y no sólo eso, llegaba al grado de contar la forma en que pactó con la delincuencia organizada rutas y territorios.

 

Pero las cosas comenzaron a moverse con la llegada del panista Francisco García Cabeza de Vaca, quien comenzó retirando las escoltas de policías ministeriales que utilizaban los ex gobernadores de Tamaulipas, reactivó las investigaciones y fue cerrando el cerco en torno a Eugenio Hernández, a través de los prestanombres que compartía con su antecesor Tomás Yarrington: Alberto Berlanga de GMC y Fernando Cano, de la empresa Materiales y construcción Villa de Aguayo, S.A. de C.V.

 

La impunidad y la corrupción están en la falta de voluntad y acción cómplice de los gobiernos estatales para perseguir y encarcelar a los malos funcionarios. Tamaulipas en la excepción que debería ser la regla.

 

 

VUELTA EN U

En el mundo médico ha comenzado a darse una fuerte polémica por la forma en que las secretarías de Salud y Educación se han desentendido de la certificación de las especialidades médicas en México y permitido que una asociación civil denominada Comité Informativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (CONACEM) ejerza un monopolio que controla y obliga a los profesionales de la salud a afiliarse a este grupo para poder obtener sus certificaciones.

 

En la SEP de plano aseguran que este grupo controla y burocratiza sin facultades legales reales la emisión de certificaciones de espacialidades y es la causa de que haya un déficit de especialistas de distintas disciplinas que sufre el país y origen de los altos precios de las consultas médicas.

 

 

 

caem