He sostenido, con razones y fundamentos, que en nuestro país la justicia se encuentra subordinada al mejor postor; que en México la justicia está podrida, infestada por nepotismo, complicidad y corrupción.

 

Es necesaria y apremiante una reforma profunda, una limpieza al sistema de justicia y poner a personas honestas y justas al frente de los órganos de administración y procuración de justicia.

 

Porque, salvo raras excepciones, los órganos colegiados superiores de justicia se integran por lacayos y títeres del poder público, quienes aplican la justicia de manera selectiva: para ellos, las personas poderosas y los delincuentes de cuello blanco son intocables.

 

Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la destitución del jefe delegacional en Venustiano Carranza, Israel Moreno Rivera, a quien le instruyó presentarse ante un juez de Distrito junto con el hoy diputado local José Manuel Ballesteros López, ex jefe delegacional de la misma demarcación, debido al desacato de una orden federal relacionada con sentencias en materia laboral.

 

Y digo que en nuestro país hay justicia selectiva, porque en el mismo caso se encuentran cientos de servidores públicos de todos los niveles de gobierno, pero sólo los de Venustiano Carranza han sido sancionados.

 

Lo más extraño es que todos dejaron solos a estos funcionarios. No hubo reacciones ni de su partido ni de los suyos; pero tampoco hubo expresión alguna por parte de los otros jefes delegacionales, quienes, junto a muchos funcionarios más, podrían estar pronto en la misma situación.

 

En el caso de la delegación Cuauhtémoc, tenemos siete inejecuciones de sentencia: se trata de juicios laborales de trabajadores despedidos en otras administraciones, que ahora se ordena a las actuales ejecutarlos, sin que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal nos asigne los recursos para ello.

 

Y recuérdese que las delegaciones no tienen autonomía financiera, ya que todo es aprobado y pagado por la Secretaría de Finanzas del Gobierno Central. La relación laboral y su revisión no dependen del jefe delegacional, sino del Gobierno de la Ciudad de México.

 

Año con año he solicitado, invariablemente, por escrito, a distintas autoridades e instancias -a la Asamblea Legislativa, al jefe de Gobierno y a la Secretaría de Finanzas de nuestra ciudad, entre otras- que se fije una partida presupuestaria para liquidar a los trabajadores que ganaron juicios laborales o personas que ganaron juicios civiles, sin que hasta el momento hayamos tenido respuesta favorable.

 

Por ejemplo, actualmente, la condena por concepto de laudos emitidos o sentencias definitivas favorables a los trabajadores al servicio de la Administración Pública asciende a más de 35 millones de pesos, de los cuales esta delegación no dispone.

 

Nos será imposible cumplimentar esta resolución si la Asamblea Legislativa no asigna una partida presupuestaria para tal efecto. Recordemos también que las delegaciones no pueden desviar recursos etiquetados, sin incurrir en responsabilidades.

 

Y nadie está obligado a lo imposible, es un principio general de derecho.