En la primera audiencia de la fase final del proceso de destitución de la presidenta brasileña, un funcionario de un organismo de auditoría del Estado aseguró que la presidenta brasileña incurrió un “gran fraude fiscal”; la jornada estuvo marcada por los insultos que se dedicaron los senadores entre sí.

 

El sesión final del juicio político contra la Presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, comenzó con acalorados debates generados por cuestiones previas formuladas por el Partido de los Trabajadores (PT) y el Partido Comunista do Brasil (PCdoB), que demandaron desde la “suspensión” del trámite hasta su propia “nulidad”, por alegados “errores procesales”, lo que atrasó gran parte del cronograma trazado para escuchar a testigos del proceso de destitución.

 

En esos debates iniciales quedó en evidencia el carácter político del proceso, que si bien se apoya en asuntos jurídicos, tiene como jueces a los 81 senadores, que en sus primeros escarceos hicieron oídos sordos a un pedido hecho por el presidente de la Corte Suprema de Brasil, Ricardo Lewandowski, quien dirige la fase final del juicio político contra la mandataria.

 

“Este Senado no tiene estatura moral para juzgar a una presidenta como Dilma”, dijo la senadora Gleisi Hoffman, ex jefa de gabinete de Rousseff, lo que inició el revuelo generalizado de sus rivales, que respaldan al interino Michel Temer.

 

Rápidamente reaccionó el jefe del bloque del conservador Demócratas, el ganadero Ronaldo Caiado, aliado de Temer: “Yo no le robo a los jubilados”, dijo, en referencia a que el marido de Hoffman, el ex ministro Paulo Bernardo, fue denunciado por fraude en el sistema de créditos a los pensionados.

 

Los descalificativos abundaron. A Caiado lo cruzó otro senador del PT, Lindberg Farias, quien le recordó su alianza con un senador condenado por corrupción y lavado de dinero, Demóstenes Torres.

 

La base de apoyo a Rousseff logró ganar tiempo a través de recursos y hasta intentando evitar la convocatoria de uno de los testigos como el procurador del Ministerio Público de Cuentas Julio Marcelo de Oliveira, que detectó las irregularidades que dieron pie al proceso contra Rousseff  y que ayer detalló las prácticas ilegales que supuestamente cometió la mandataria al comparecer ante el pleno del Senado, citado por la parte acusadora.

 

De Oliveira dijo ante el Senado que se comprobó “el uso de los bancos públicos como fuentes de recursos para financiar programas sociales del Gobierno”, lo cual está vedado por la ley.

 

En su opinión, durante la gestión de Rousseff hubo “una evidente falta de probidad en el manejo de los recursos públicos” y también un “gran fraude fiscal”, cometido a pesar de que el Gobierno había sido advertido sobre esos asuntos.

 

Cuántos votos necesita

 

48 de los 81 senadores ya manifestaron que votarán a favor del juicio político contra la mandataria. Y aunque el número es menor al necesario para llegar a los dos tercios (54 votos), la tendencia es que todo se encamina a que se apruebe el impeachment

 

De qué se le acusa

 

De emitir tres decretos que modificaron los presupuestos sin autorización del Congreso y de contratar créditos con la banca pública en favor del Gobierno.