El juez Tercero de Distrito en Materia Civil del Primer Circuito, Felipe Consuelo Soto, admitió la demanda de la Procuraduría General de la República (PGR) para que la empresa Oceanografía, ante su insolvencia, entre en concurso mercantil.

 

De inmediato, en el auto de admisión, el juez de Distrito dictó las medidas cautelares que consideró necesarias mientras se decide sobre el fondo del asunto, como el cese de todo pago a sus acreedores y la suspensión de procedimientos de ejecución de créditos o deudas de los acreedores al margen del procedimiento concursal iniciado.

 

Oceanografía es la empresa naviera contratista de Petróleos Mexicanos (Pemex) intervenida por el gobierno federal luego de que se conoció el fraude cometido por esa empresa contra el Grupo Financiero Banamex, por 400 millones de dólares.

 

En vista de ese antecedente, el juez Consuelo Soto designó como visitador del concurso mercantil al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), función que de cualquier manera le correspondía por ley.

 

El SAE deberá hacer la declaración de insolvencia y proponer un convenio con los acreedores de la empresa que cubra los casi mil 500 millones de dólares que debe la empresa y, de no ser posible, declarar la quiebra, para cubrir las deudas con la venta de los activos de la empresa.

 

Mientras tanto, para mantener la operación ordinaria de la empresa en tanto se resuelve el concurso mercantil, el juez autorizó también al SAE para que pague a los trabajadores y realice todos aquellos gastos que resulten indispensables para su operación.

 

El auto de admisión correspondiente a ese juicio identificado con el número 265/2014 fue hecho público por el propio juez a pesar de una solicitud en contrario hecha por la PGR a fin de que se clasificaran como reservados los acuerdos que se emitan a lo largo de ese juicio.

 

El juez Consuelo Soto, a quien correspondió conocer en primera instancia el juicio concursal mercantil de Mexicana de Aviación, mantuvo el mismo criterio que en aquella ocasión.

 

Consideró que por tratarse de un asunto de interés público no hay razón para mantener en reserva los acuerdos y que, por el contrario, debe atenderse el principio de máxima publicidad.

 

Los principales activos de Oceanografía para cubrir sus créditos y deudas son sus barcos, aunque algunos de ellos ya fueron requisados por sus acreedores.