TEGUCIGALPA. Un juzgado de Honduras decretó hoy detención judicial para el quinto implicado en el asesinato de la defensora de derechos humanos y ambientalista hondureña Berta Cáceres, quien fue asesinada el pasado 3 de marzo.

 

Se trata de Emerson Duarte, quien este lunes fue presentado ante las autoridades competentes y se le decretó “detención judicial”, dijo la portavoz del tribunal que lleva el caso, Bárbara Castillo.

 

Duarte fue detenido con otros cuatro hombres, incluido su hermano gemelo, Edilson Duarte, el pasado 2 de mayo en una operación de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

 

Emerson Duarte, quien había quedado en libertad, fue requerido judicialmente el día 6 por el Ministerio Público, debido a que tenía en su poder el arma, un revólver calibre 38, con el que habría sido asesinada Cáceres.

 

El detenido es acusado por los delitos de “asesinato en perjuicio de Berta Cáceres Flores y de asesinato en su grado de ejecución de tentativa contra un testigo protegido”, añadió la portavoz judicial.

 

Berta Cáceres, quien además era coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada en en su vivienda en la ciudad de La Esperanza, occidente de Honduras, al parecer por dos hombres armados, crimen repudiado a nivel nacional e internacional.

 

En el ataque resultó herido el activista mexicano Gustavo Castro, director de la asociación Otros Mundos Chiapas y único testigo del crimen.

 

La portavoz del tribunal señaló que el próximo 20 de mayo se celebrará una audiencia inicial en la que el Ministerio Público pedirá que al quinto implicado se le decrete “auto de formal procesamiento y prisión preventiva”.

 

Los otros cuatro implicados comparecieron ante un juzgado de Tegucigalpa los pasados 6 y 7 de mayo y les dictaron prisión preventiva y auto de formal procesamiento por el asesinato de Cáceres.

 

Los primeros cuatro acusados son Douglas Bustillo; Mariano Díaz Chávez, un mayor del Ejército hondureño; Edilson Duarte, capitán retirado, y Sergio Rodríguez, ejecutivo de la empresa Agua Zarca que impulsa el proyecto hidroeléctrico al que se oponía Cáceres.

 

Pese a la acción de los operadores de justicia, la familia de Berta Cáceres sigue exigiendo la creación de un equipo técnico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque no creen en las investigaciones de las autoridades hondureñas.

 

Los familiares de Cáceres exigen además que se capturen a todos los autores intelectuales y materiales del crimen, en el que, según sus denuncias, también están implicados empresarios y políticos