Mucho se ha especulado sobre lo que pasará con la llegada del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, a nuestro país. Algunos aseguran que arribará e irá de forma inmediata al penal del Altiplano; otros, que habrá un amparo sorpresa que lo ponga en libertad, y como ésas, muchas versiones más.

 

Lo cierto es que la PGR ha tratado de ser muy meticulosa en su traslado y sobre todo con el llamado debido proceso. Para el Ministerio Público es muy importante no pasar por alto todos y cada uno de los nuevos procesos legales, y así evitar que Javier Duarte obtenga su libertad.

 

Por ello, una vez que llegue a México, lo primero que ocurrirá será en el hangar de la PGR, lugar en el que se le aplicarán los exámenes médicos correspondientes. Minutos después será trasladado al Reclusorio Norte para ponerlo a disposición del juez que libró la orden de aprehensión en su contra.

 

Una vez al interior, la PGR deberá esperar a que se programe la audiencia ante el juez de Control, quien calificará la detención y, posterior a ello, iniciará la audiencia en la que Duarte y sus abogados tengan más elementos sobre el expediente que hay en su contra.

 

Al término de la audiencia, el Ministerio Público solicitará el recurso de la prisión preventiva y de trasladarlo por medidas de seguridad a un penal federal de máxima seguridad. El juez de Control deberá ahí establecer, con las pruebas que ofrezcan ambas partes, cuál será el destino de Duarte.

 

La defensa del ex gobernador, nos aseguran, pedirá la duplicidad del término para la llamada vinculación a proceso, para así lograr tirar la acusación de delincuencia organizada y sólo dejar la de lavado de dinero, al menos ésa es su principal estrategia.

 

El Gobierno federal tiene muy claro que deberá ser cuidadoso para que no exista posibilidad alguna de que Duarte pueda enfrentar su proceso en libertad.

 

Por otra parte y pese a que pareciera que Javier Duarte ya no podría ser procesado por algún otro proceso penal por el tratado de extradición entre México y Guatemala, la PGR afirma que más adelante podrá aplicar la cláusula de excepción, que tiene con varios gobiernos en los tratados de extradición y que permite con una simple solicitud agregar más delitos a las personas que han sido trasladadas o entregadas a nuestro país.

 

Pero en este escenario hay un gran problema, la PGR no ha concluido más de 52 carpetas de investigación iniciadas contra Duarte, incluso varias de ellas ya las desechó o se declaró incompetente para resolverlas.

 

Esta situación generó que la Auditoría Superior de la Federación se amparara contra la PGR, que no ha explicado por qué en más de un año no ha querido resolver los expedientes turnados por el órgano fiscalizador.

 

Este hecho provocó que incluso la PGR iniciara una carpeta de investigación interna para determinar por qué sus funcionarios y ministerios públicos desecharon al menos 13 denuncias interpuestas por la auditoría e, incluso, por el SAT.

 

Lo cierto es que los fraudes y denuncias contra Duarte siguen congelados y en los próximos meses deberemos seguramente, como ciudadanos, pedir cuenta de ello. De momento, habrá que estar pendientes del proceso legal que la PGR y el Gobierno de Veracruz tienen contra Duarte.

 

caem