GUATEMALA. El grupo de abogados del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte aseguró que existe una campaña mediática de desprestigio en contra de su defendido.

 

En un comunicado emitido tras la audiencia en la que el político decidió aceptar una de las solicitudes de extradición que hay en su contra, el equipo legal indicó que hay una “campaña mediática” que pretende “desprestigiar” a Duarte y que está encabezada por su sucesor Miguel Ángel Yunes Linares.

 

“Yunes Linares quiere que su hijo lo suceda. Olvida la cantidad de ilícitos que ha cometido y que el destino lo alcanzará para que sean castigados. (…) Lo olvida ya que sus acciones lo delatan y deberá enfrentar más temprano que tarde sus ilegales acciones de enriquecimiento descarado”, reza el texto.

 

Desde la detención de Duarte en Guatemala el pasado 15 de abril, el actual gobernador de Veracruz se adjudicó la caída y las denuncias penales que llevaron a la captura de su predecesor y prometió que “no habrá perdón” para quienes saquearon este estado del oriente de México.

 

Si bien Yunes Linares presentó denuncias contra Duarte, fueron organismos auditores los que detectaron que durante su Administración (2010-2016) presuntamente se desviaron recursos públicos del orden de 58.000 millones de pesos (3.097 millones de dólares).

 

De ese monto, 35.000 millones de pesos (1.869 millones de dólares) son de fondos públicos federales y 23.000 millones de pesos (1.228 millones de dólares) de fondos estatales.

 

Derivado de las observaciones en las auditorías a cuentas públicas, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una docena de denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR).

 

“Acusar es fácil. Ahora les llegó el momento de probar sus falaces acusaciones. Nos vemos en México”, concluye el comunicado de la defensa del ex gobernador.

 

Duarte, de 43 años, aceptó este martes ser extraditado a su país por la segunda solicitud de extradición que se presentó en su contra por los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición.

 

Esta petición ingresó el día 7 de junio a Guatemala, el mismo día en que México presentó la documentación completa sobre la primera, que motivó la detención del político en abril.

 

Aunque se declaró inocente los cargos, atribuidos como delitos estatales, Duarte aceptó su extradición pero no adelantó si va a aceptar la otra petición, en la que se le acusa de dos delitos federales: delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

 

El exgobernador, que fue detenido la noche del 15 de abril en la recepción de un hotel del municipio turístico de Panajachel, se reservó su derecho a aceptar su extradición en su audiencia de primera declaración del 19 de abril, y si la próxima semana no accede al comienzo de la audiencia, será el Tribunal Quinto el que decida.

 

El político supuestamente recibía ayuda de algunas aerolíneas para sus traslados dentro de Guatemala, adonde ingresó ilegalmente por vía terrestre, supuestamente el pasado noviembre.

 

Duarte está acusado de diversas operaciones con recursos de procedencia ilícita, de efectuar contratos a empresas fantasmas y de utilizar “prestanombres” para transferir recursos públicos en su país.

 

Entre 2012 y 2015, desvió grandes cantidades de recursos públicos los cuales utilizó para adquirir bienes inmuebles tanto en México como en el extranjero, de acuerdo con las autoridades de su país.

 

JMSJ