La iniciativa privada se manifestó en contra de la aprobación del dictamen para la Ley de Transición Energética en los términos en que lo pasó el Senado de la República.

 

Ello, a través de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

 

El presidente de la Coparmex y presidente electo del CCE, Juan Pablo Castañón Castañón demandó no “transferir al sector privado” los costos de los compromisos del gobierno mexicano ante la Conferencia de Partes en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21), “porque se corre el riesgo de que las empresas no puedan cubrirlos” y mencionó que con estos, se abre la puerta a un “control excesivo” del gobierno.

 

“Es muy importante revisar la calidad y viabilidad de las propuestas que presentamos como país para tener acceso a los fondos verdes (financiados por las empresas de países desarrollados) Se deben asegurar procedimientos de transferencia de tecnología a los países en desarrollo para que no se vuelva un círculo vicioso en el que dependamos de las tecnologías de los países desarrollados para cumplir con nuestros compromisos”.

 

El presidente del CCE Gerardo Gutiérrez Candiani señaló que la Ley tiene pendientes que será necesario ir corrigiendo y reconoció que habrá sectores que resentirán el impacto y tendrán afectaciones en el corto plazo.

 

En un desplegado en medios de comunicación, los industriales se dijeron preocupados y pidieron un “verdadero debate” en torno al tema en el cual se analicen y transparenten los costos e impactos que esta iniciativa traería al país “sin condicionar los tiempos legislativos” y señalaron que si bien los empresarios están de acuerdo con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, pero no bajo las condiciones impuestas por la Ley.

 

“Nuestro país está adoptando compromisos muy por encima de los de sus principales competidores (…) se pretende condicionar el crecimiento del país al uso de energías limpias que México no tiene y requeriría mayores inversiones que podrían destinarse a la generación de empleos, en lugar de buscar y medir la reducción de emisiones como objetivo cuantificable”, señala el documento.

 

El documento fue firmado por Concamín, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), la Cámara Nacional del Acero (Canacero), la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León, el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), de la Cámara Minera de México (Camimex), la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex) y la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ).

 

“Con esta Ley estimamos un considerable impacto en el costo de la energía eléctrica en los próximos años, que tendrá que ser pagado no sólo por la industria nacional, sino también por todos los mexicanos”.