La Procuraduría General de la República (PGR) integra un nuevo cargo en contra de la pareja presidencial de Iguala, José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los dos han triangulado dinero proveniente del crimen organizado.
De acuerdo con las investigaciones federales, la pareja es dueña o está relacionada con más de 60 propiedades y empresas en Guerrero, Morelos, Tlaxcala y el Distrito federal, las cuales, según la Unidad de Análisis Financiero de la PGR, resultan inexplicables respecto a los ingresos legales de los sospechosos.
Entre esos bienes, revelaron autoridades ministeriales, se encuentran dos empresas supuestamente dedicadas a la compra y venta de bienes raíces, y que de acuerdo con los investigadores son utilizadas comúnmente para justificar el movimiento de grandes sumas de dinero.
La PGR reveló la semana pasada que los Abarca, desde la presidencia municipal, otorgaban periódicamente pagos de dos millones de pesos provenientes de recursos públicos al grupo criminal conocido como Guerreros Unidos.
Los investigadores presumen que parte de ese dinero era utilizado para financiar las actividades delictivas, pero también pudo haber sido aprovechado por la pareja para su beneficio propio. Lo anterior sin descartar los ingresos por otras fuentes ilegales.
De acuerdo con lo que ha trascendido públicamente, los Abarca y sus cómplices son propietarios de por lo menos 47 inmuebles y terrenos en cuatro estados, de por los menos nueve empresas distintas, así como una plaza comercial y 13 locales de joyería.
Algunos de los inmuebles están a nombre de personas cercanas a la pareja, entre ellos Azareth y Yitzel Abarca Pineda, hijas de los Abarca, y Mario y José Alberto Pineda Villa, hermanos de María de los Ángeles.
Para disfrazar el origen del dinero ilícito, ya sea el desviado de arcas públicas o producto de delitos como el tráfico de drogas, extorsiones o secuestro, se presume que utilizaron empresas entre las que se han identificado a YOZYS S.A. de C.V. y ABARPIN S.A. de C.V., supuestamente dedicadas a las bienes raíces.
Operativos
Para detener a Abarca y su esposa, señalados como autores intelectuales del ataque a estudiantes normalistas, fuerzas federales han implementado en los últimos días acciones operativas en por lo menos cuatro estados del país: Guerrero, Morelos, Puebla y Veracruz.
En ningún caso se ha oficializado los resultados de dichas acciones, aunque han trascendido reportes de algunas detenciones, como el de una pareja que supuestamente encubrió los sospechosos.
Hasta la semana pasada se estimaba poco probable que tanto Abarca como su esposa continuaran moviéndose juntos pues eso facilitaría su captura, aunque el gobierno federal ha realizado acciones como el congelamiento de cuentas para limitar que operen por separado.
Exige ONU aparición
Ayer por la noche se cumplió un mes de la última vez que se supo de los 43 estudiantes normalistas en Guerrero, previo a su secuestro por fuerzas policiales al servicio de la delincuencia. Se han encontrado hasta ahora 38 cuerpos, pero oficialmente no se ha afirmado ni descartado que pertenezcan a las víctimas.
El viernes pasado el portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos emitió un nuevo comunicado desde Ginebra, en el que lamenta que los mecanismos implementados no hayan permitido aun la localización de las víctimas y urgió a que se incrementen los esfuerzos para que haya resultados a la brevedad.
El Centro de Análisis e Investigación Fundar también se pronunció para exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes, y en particular para que se evite cualquier criminalización de las víctimas por parte de las autoridades.
Nueva orden contra ex edil
Un juez liberó una orden de aprehensión contra José Luis Abarca Velázquez por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio de seis personas y homicidio en grado de tentativa en agravio de distintas personas, informó ayer la Fiscalía General del Estado.