La Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que de acuerdo con “información no oficial” proporcionada por autoridades de Las Antillas, de los siete ocupantes que originalmente partieron de México, sólo se encontraban a bordo del avión los dos pilotos y uno de los pasajeros cuando la aeronave sobrevolaba territorio venezolano.

 

La lista original incluía a Isaac Pérez Dubon; Susana Bernal Rivas, Adriana Cruz Méndez, Sergio Franco Moga y Manuel Rodríguez Benítez como pasajeros, así como a los pilotos Mauricio Pérez Rodríguez y Carlos Alfredo Chávez Padilla.

 

Fueron los servicios de tránsito aéreo de Antillas Holandesas, los que informaron que la aeronave arribó a Bonaire, Las Antillas, donde presentó un nuevo plan de vuelo para salir, hacia La Ceiba Honduras.

 

La información indica que en ese segundo plan de vuelo sólo se incluyó a tres personas: los dos pilotos e Isaac Pérez Dubon. Mientras que los otros pasajeros habrían descendido en Las Antillas.

 

INDAGAN DOCUMENTOS

 

Las secretarías de Gobernación y Función Pública investigan todas las operaciones y trámites que permitieron al jet privado, con matrícula XB-MGM, salir del país con destino a Las Antillas, y desde ahí a Honduras, a pesar de contar con documentación e información falsa.

 

Las oficinas del gobierno federal en las que se inició la revisión, confirmaron fuentes del gobierno federal, son Aeronáutica Civil, Aduanas, Migración y Ejército en Querétaro y Nuevo León, para determinar si se cometió algún tipo de irregularidad que “facilitó” el despegue del avión bimotor, el cual fue obligado a descender en territorio venezolano y, una vez que sus ocupantes lo abandonaron, el Ejército lo destruyó casi por completo con un misil.

 

Al mismo tiempo, las autoridades federales iniciaron una investigación y búsqueda en los diferentes registros de Jorge Salazar Ochoa, quien aparece como propietario del  jet Hawker 25 y cuyo nombre no está en la lista de pasajeros que viajaba en la aeronave.

 

Como parte de las pesquisas que se realizan en México, el gobierno solicitará al de Venezuela acceso a los registros completos de la caja negra que en este caso sí tenía el jet, ya que no es obligación legal para las aeronaves tenerla, pero uno de sus antiguos propietarios confirmó su existencia.

 

La información que existe hasta ahora, coincidieron las fuentes, es todavía insuficiente e inconsistente, por lo que no se tiene certeza de quiénes viajaban, los motivos y su paradero en este momento, aunque sobre esto último la información preliminar recibida de Colombia establece que no habían cruzado la frontera a ese país o pedido ayuda.

 

Los sellos

 

Las investigaciones internas están a cargo de las áreas de inteligencia de Gobernación, con la colaboración de las direcciones General de Aeronáutica Civil (DGAC) y Aduanas; del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Defensa Nacional, ya que, por procedimiento, cualquier aeronave privada que reporta un viaje internacional debe contar con los documentos autorizados por todas esas oficinas.

 

Si se siguieron los protocolos, explicó uno de los funcionarios consultados, personal de Aduanas y del Ejército debieron llevar a cabo una revisión física del jet y certificar que no transportaban productos y objetos ilegales.

 

La DGAC, por su parte, debió certificar que todos los documentos que amparan la aeronave, el plan de vuelo y las licencias de la tripulación estaban en regla. Mientras que los funcionarios de Migración debieron revisar los pasaportes y retener los formularios para su salida.

 

Sin embargo, el viernes pasado, el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reveló en una entrevista radiofónica que tanto la tripulación como los pasajeros utilizaron identidades falsas.

 

“Para abordar el avión toda la información que dieron es falsa. Presentaron credenciales falsas los propios pilotos. Eso ha dificultado tener mejores o mayores datos, y por supuesto que estamos ya en comunicación con el Gobierno de Venezuela para lograr saber primero quiénes iban, si eran mexicanos y ver si había algún vínculo con la delincuencia”, agregó el alto funcionario.

 

¿Todos mexicanos?

 

La información recabada hasta ahora por las oficinas de inteligencia muestra la posibilidad de que entre los cinco pasajeros registrados en el jet XB-MGM viajaran algunos ciudadanos extranjeros con residencia legal en México.

 

El viaje lo realizaban por motivos de placer, por ello se dirigían a Las Antillas como supuesto destino final. Sin embargo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes confirmó anoche que la aeronave arribó a las Antillas, donde presentó un nuevo plan de vuelo para que la misma saliera de Bonaire hacia La Ceiba, Honduras, despegando tres horas después de su llegada.

 

De acuerdo con los documentos de la DGAC, se formalizó la transferencia de propietario, después de su compra, apenas a finales de octubre.

 

A partir de diferentes consultas, se informó que siendo una aeronave valuada en el mercado en unos 800 mil dólares, la operación de compra-venta se cerró en alrededor de 350 mil dólares, porque había estado mucho tiempo en tierra y sin mantenimiento.

 

Después de acordada la venta, el avión fue llevado a Monterrey, donde se efectuó un mantenimiento profundo que tardó cerca de un mes. Una vez listo, se hizo la transferencia de propietario y el piloto Carlos Alfredo Chávez Padilla y su copiloto Mauricio Pérez Rodríguez volaron al aeropuerto de Apodaca, Nuevo León, en donde recogieron a una persona y se trasladaron al aeropuerto de Querétaro, en donde permaneció la aeronave tres días.

 

Inconsistencias

 

El lunes, alrededor de las 10 de la mañana, comenzaron los preparativos en el aeropuerto de Querétaro para el despegue del jet, al menos en los registros aparece que se dieron todas las autorizaciones por parte de las autoridades y después de las 11 de la mañana despegó con destino final a Las Antillas, con un tiempo estimado de vuelo de cuatro horas.

 

De acuerdo a los reportes que está recabando la DGAC, el jet solicitó a varios de los aeropuertos en su trayecto la autorización necesaria para transitar por su espacio aéreo. No se tiene aún registro de que hubiera aterrizado en Centroamérica para recargar combustible, por lo que habría llegado con apenas el suficiente a su destino final, el cual debía ser cerca de las 4 de la tarde hora de México.

 

Sin embargo, fue precisamente a unas millas de su destino cuando comienzan las contradicciones o inconsistencias en la información que está disponible y que ha proporcionado Venezuela.

 

Todavía se desconoce de manera oficial a qué hora precisa fue identificada la aeronave por parte del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (CEO), y le obligó a descender por no cumplir con las autorizaciones respectivas y ante la sospecha de que se tratara de un vuelo con droga.

 

De acuerdo a la dirección de Twitter del jefe del CEO, Vladimir Padrino López, esto ocurrió a las 22:36 horas cuando se “detectó e interceptó” la aeronave, la cual fue “inmovilizado por medios aéreos” por parte de la Aviación Militar Bolivariana (AMB), en el estado de Apure.

 

Pero Padrino López subió, un día después de los hechos, el martes 5 de noviembre a las 15:33 horas, a su cuenta de Twitter dos fotografías del jet mexicano que se aprecian aún con la luz de día y humeantes, es decir, poco tiempo después de haber sufrido el disparo del misil. Si las fotos fueron tomadas un día antes, corresponden al tiempo en que el jet debía estar por llegar a Las Antillas, pero se ignora la fecha en que fueron tomadas.

 

Se suma a las inconsistencias el que, de manera oficial a México, Venezuela reportó que debió perseguir al avión bimotor y también que debido a que el lugar donde fue obligada la aeronave a aterrizar estaba lejos del puesto militar que se encargó del caso, “se tardaron un poco (en llegar) y eso dio oportunidad para que los que iban a bordo pudieran desaparecer”, informó el viernes Osorio Chong.

 

Es decir, encontrarla, perseguirla y obligar al vuelo a descender requirió de mucho tiempo, lo que permitió que la tripulación huyera, entonces como parte de las investigaciones se trata de establecer a qué se refiere el gobierno venezolano al afirmar primero que se le detectó, interceptó e inmovilizó por medios aéreos y con ello obligó a descender, porque resultaría imposible, dentro de las prácticas internacionales, que pudieran  escapar los pasajeros.

 

Porque el jet debió requerir, primero, encontrar un lugar dónde garantizar su descenso en la noche, sin luces, (de ser cierta la versión de Venezuela), aterrizaje que los técnicos mexicanos consideran fue exitoso por la posición en que están los restos de la aeronave y necesitó de, por lo menos, 30 minutos para descender, lo que significa tiempo suficiente para un despliegue militar y localizar a los pasajeros y tripulantes.

 

Bajo la hipótesis del gobierno de Venezuela, de que el vuelo fue interceptado a las 22:36 horas (nueve de la noche hora de México), significaría que el jet, que tiene una capacidad de desplazamiento rápida, logró llegar a la Isla de Bonaire alrededor de las cuatro de la tarde (hora México), dejar a algunos de sus pasajeros o no, recargar combustible y probablemente cocaína, tener todas las autorizaciones listas en tres horas, para despegar nuevamente y dirigirse a Honduras.

 

Pero por alguna razón se desvió a Venezuela (que está a una distancia de una media hora de la isla), donde aterrizó en una pista clandestina (lo que le llevó otra media hora), quizá para cargar allí la droga, y al verse descubiertos los pasajeros y tripulantes huyeron con la ayuda o no de quienes debieron iluminar la pista ilegal, lo que les permitió aterrizar y que, se supone, también fue destruida por la AMB.

 

Si bien la zona en donde fue inhabilitada la aeronave está identificada como de operaciones constantes de tráfico de droga, hasta ahora el gobierno venezolano no ha entregado alguna prueba de que en jet cargaba con droga, armas, dinero o algún producto ilegal. Tampoco ha explicado porqué destruyó en tierra la aeronave y con ello quizá las probanzas y si ha localizado a los pasajeros o tripulantes, y quienes quizá los ayudaron.

 

Las dudas del Hawker 25 caído

 

Las versiones de la destrucción de la aeronave mexicana en Venezuela presentan importantes contradicciones entre ambos gobiernos. Uno pide y el otro revela, pero persisten las dudas.

Noviembre 5

 

El Comando de Defensa Aeroespacial de Venezuela informó que un día antes, el 4 de noviembre, detectó e interceptó la aeronave Hawker 25, matrícula mexicana XB-MGM. Vladimir Padrino, jefe del Comando, informó que la aeronave fue “inmovilizada” por medios aéreos, en el estado de Apure.

 

La Secretaría de Relaciones Exteriores emitió una nota diplomática en la que se solicita el esclarecimiento de los hechos en estricto apego al derecho internacional. Indicó que se mantendrá atenta respecto a la respuesta que el gobierno de ese país dé para “deslindar las responsabilidades a las que haya lugar”.

 

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El avión Hawker matrícula XB-MGM, inmovilizado en Venezuela, pertenece a Jorge Salazar Ochoa, de acuerdo con el certificado de aeronavegabilidad emitido por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

 

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El gobierno de Querétaro da a conocer los nombres de los pasajeros y tripulantes del avión mexicano. Se trata de Isaac Pérez Dubond, Susana Bernal Rivas, Adriana Gesabel Cruz Méndez, Sergio David Franco Moga y Manuel Eduardo Rodríguez Benítez. El primer capitán de vuelo es Carlos Alfredo Chávez Padilla y el copiloto Mauricio Pérez Rodríguez.

 

El gobierno de Nicolás Maduro responde a la cancillería mexicana que la aeronave fue inhabilitada sin tripulantes y en tierra.

 

El presidente venezolano declara que la aeronave fue derribada por vínculos con el narcotráfico. “Es un avión que lo conseguimos full de droga… llegó una comunicación de la cancillería de México pidiendo explicaciones. Yo le dije al canciller que le diera todas las explicaciones, pero que tratáramos de que el presidente mexicano supiera que estaban abogando por un avión que estaba a full de cocaína”.

 

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La cancillería mexicana convocó para este lunes al embajador de Venezuela, Hugo José García Hernández, luego de que el presidente Nicolás Maduro señaló que el avión de matrícula mexicana, obligado a bajar y quemado en su país, estaba lleno de cocaína.

 

“El embajador de Venezuela en México será convocado este lunes a la cancillería para extender la solicitud del gobierno mexicano de esclarecer estos hechos” conforme al derecho internacional, dijo la dependencia en un comunicado, en el que aclaró que en la información proporcionada hasta ahora por Venezuela nunca se reveló el contenido del avión.