GUERRERO. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, grupo que sumió la defensa jurídica de los padres de 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, presentó su informe anual al cumplir 21 años de su fundación.
“Desde las trincheras de Ayotzinapa, la defensa de la educación y la vida de los hijos del pueblo” apunta que la Procuraduría General de la República (PGR) no ha podido detener en su totalidad a las personas que en la verdad histórica son señalados como autores de la desaparición de los 43.
“El gobierno federal no ha podido detener al máximo responsable de la corrupta policía de Iguala, Felipe Flores Velázquez, ni a su subalterno a cargo de la policía ese día Alejandro Tenescalco” dice el informe.
Además agrega que la intervención de las autoridades federales fue tardía, pues fue hasta el 15 de octubre cuando accedió a intervenir en el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En el documento de más de 260 páginas se registra el trabajo realizado por todos los activistas, encabezadas por el antropólogo Abel Barrera y el abogado Vidulfo Rosales, ante algunos de los padres, madres y hermanos de los 43 y de los miles de campesinos de las comunidades de la región de La Montaña.
El caso Ayotzinapa significó para Tlachinollan dar un salto, dejaron de ser meros trabajadores sociales y se sumaron a la lucha de los familiares, y se dividieron en varios equipos que operan desde la escuela normal rural de Ayotzinapa, en Tixtla, el Ayutla y su municipio de origen.