Actividades del crimen organizado, atentados contra instalaciones estratégicas del país y posibles actos terroristas son las principales amenazas contra la seguridad nacional que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) expuso como sustento para realizar casi 300 intervenciones de teléfonos y correos electrónicos en los últimos ocho años.

 

En este lapso, incluso, se solicitaron intervenciones hasta por posible tráfico de armas nucleares en territorio nacional.

 

Una solicitud de información evidencia que 2012 fue inusitado en términos de amenazas a la estabilidad nacional, pues durante ese año se realizó 60% de todas las intervenciones de los últimos años bajo ese argumento.

 

Revela, además, que en julio del año pasado, mes en que se llevó a cabo la elección presidencial, el Cisen llevó a cabo el mayor número mensual de intervenciones del sexenio.

 

La información, dada a conocer por orden del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), subraya que las peticiones que hace el Cisen a los jueces federales para las intervenciones casi siempre son otorgadas. Sólo cinco solicitudes fueron rechazadas entre 2005 y 2012.

 

En detalle, en este periodo el Cisen realizó, con autorización de un juez,  un total de 297 intervenciones de comunicaciones privadas, que incluyen conversaciones telefónicas y correos electrónicos.

 

Las referidas intervenciones consisten en que el Cisen, a través de los dispositivos tecnológicos con los que cuenta, espía las llamadas que se realizan entre teléfonos celulares o fijos e ingresa a cuentas de correos electrónicos para revisar sus contenidos. Todo lo anterior, sin que los sospechosos sepan que están siendo monitoreados.

 

El contenido de estas intervenciones es grabado en sistemas análogos o digitales, para su utilización en las investigaciones.

 

Aunque el Cisen tiene la capacidad técnica de realizar unilateralmente estas intervenciones, la única forma en que pueden ser utilizadas como prueba en una eventual acusación penal y juicio es si el espionaje se llevó a cabo con la autorización expresa de un juez federal, que ahora se les conoce como jueces especializados en cateos, arraigos e intervenciones.

 

Las cifras del Cisen revelan que al menos entre 2007 y 2010, el número de intervenciones se mantuvo estable, con un promedio que no excedió las 20 escuchas telefónicas y revisión de correos al año. Para 2011 ya hubo un incremento significativo en las intervenciones solicitadas a los jueces, con 33.

 

Pero 2012, último año del sexenio pasado, el número se disparó notablemente, pues se solicitaron y materializaron 177 intervenciones de comunicaciones privadas, es decir, más que todos los años anteriores juntos.

 

Fue en julio del año pasado, mes en el que se realizaron las elecciones presidenciales, cuando el Cisen llevó a cabo el mayor número de tareas de espionaje a nivel mensual, con un total de 27 intervenciones a teléfonos y correos.

 

La justificación

 

La información del Cisen señala que cada intervención solicitada está sustentada en uno o en  varios  de los puntos que se consideran como “amenazas” para el país, contempladas en el Artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, reformada en 2005.

 

De las 297 intervenciones, en 213 se expuso como uno de los motivos el apartado III del referido artículo, que identifica como amenaza los “actos que impidan a las autoridades actuar en contra de la delincuencia organizada”.

 

Para solicitar autorización en 79 intervenciones, el Cisen usó como argumento el numeral I, que comprende “actos tendientes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria y genocidio en contra de los Estados Unidos Mexicanos dentro del territorio nacional”.

 

En 57 escuchas, el Cisen señaló el numeral XII que se refiere a los “actos tendientes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos”, es decir, atentados contra instalaciones estratégicas, como las de CFE, Pemex o sistemas de agua.

 

Otras amenazas a la seguridad nacional por las cuales se solicitaron intervenciones fueron por acciones encaminadas a bloquear los trabajos de inteligencia y contrainteligencia, por posible financiamiento a acciones y organizaciones terroristas y por actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales.

 

Destacan, además, tres intervenciones de comunicaciones que se realizaron en 2006, 2007 y 2009, por el riesgo señalado en el numeral VIII de la ley que señala “actos tendientes a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva”.

 

Los datos del Cisen no detallan el resultado de estas intervenciones ni las personas u organizaciones que fueron espiadas, pues se considera “información reservada”.

Intervenciones a teléfonos y mails

 

2005                  3

2006                  16

2007                  16

2008                  19

2009                  17

2010                  16

2011                  33

2012                  177

Total                  297

 

Intervenciones solicitadas a juez

 

2005-2012

Solicitadas                                    302

Autorizadas                                    297

Rechazadas                                    5

 

Motivos más comunes

 

Crimen organizado                  213 casos

Terrorismo/sabotaje                  79

Atentados instalaciones 57

 

¿Qué es el Centro de Investigación y Seguridad Nacional?

 

El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen)  es el brazo civil de la inteligencia que se realiza en México y su propósito es generar estrategia, táctica y operación que permita preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano.

 

Su papel, según su portal de internet, es neutralizar los riesgos y amenazas que pretendan vulnerar el territorio y la estabilidad social, política y económica.

 

En la práctica, el Cisen cuenta con recursos humanos y tecnológicos para realizar intervenciones de comunicaciones, monitorear e infiltrar protestas y movimientos de distinta índole y establecer líneas de investigación, entre otros.

 

La presente administración federal  ha decidido incluir a esta dependencia en la mayor parte de las tareas de seguridad pública y nacional, como ocurre actualmente con el operativo en Michoacán.

 

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