Las investigaciones que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) mantiene en los mercados relacionados con logística y transporte han dejado un muy mal sabor de boca entre los personajes involucrados en el sector, quienes acusan a la entidad que preside Alejandra Palacios de extralimitarse en atribuciones y autoasumirse como reguladora de actividades que corresponden a la SCT, de Gerardo Ruiz Esparza.
Tal es el caso de la actuación del organismo antimonopolios en el ámbito de los puertos marítimos, donde tras la cancelación del concurso APIVER/TERMULTIPROP-2/5/16 para el desarrollo de una terminal de carga general, de contenedores y de automóviles en API Veracruz, que dirige Juan Ignacio Fernández, los operadores denunciaron una excesiva intervención de la Cofece.
La acusación se centra en que, para el relanzamiento de la mencionada licitación a principios de junio de 2017, la propia comisión, contra todas las prácticas internacionales, eliminó el rubro de automóviles del contrato final, además de que modificó contraprestaciones fijas y variables, tarifas, plazos de amortización y hasta ganancias de las empresas.
Los operadores nacionales e internacionales indican que, en lugar de procurar la sana competencia e impulsar los aspectos de productividad, eficiencia, inversión o desarrollo de los tráficos marítimos, la Cofece intentó colocarse, en este caso, como la responsable de la planeación portuaria nacional.
Se reclama también entre las empresas de transporte marítimo de pasajeros el caso de las compañías Ultramar Aquaworld, de Germán Orozco; México Waterjets y Transcaribe, de Enrique Molina, las cuales fueron multadas con 50 millones de pesos por incurrir en supuestas violaciones a la Ley Federal de Competencia.
Hablamos de las navieras que brindan el servicio de ferry en la ruta Cozumel-Cancún y que impulsan actualmente, ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializada en Competencia Económica, el juicio de amparo 201/2016, a fin de demostrar la ilegalidad de las resoluciones adoptadas por la Cofece.
El argumento en este caso es que, para establecer en la indagatoria un parámetro de los precios del pasaje y la diversidad de las rutas, la autoridad tomó como parámetro el ingreso al mercado de Barcos Caribe; es decir, la naviera que ha sido asegurada comercialmente por la PGR, de Raúl Cervantes, por sospecha de haber sido constituida con dinero público por amigos, ex empleados y parientes del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge.
Lo anterior significa que la Unidad Investigadora de la Cofece, que encabeza Carlos Mena, no tomó en cuenta dentro de sus análisis variables como los subsidios indirectos que la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo aportaba a esta empresa y, mucho menos, que los costos en combustible y nómina de Barcos Caribe eran artificialmente bajos.
Y éstas no son las únicas indagatorias instrumentadas por el organismo que fueron presentadas bajo sospecha a la opinión pública como dictámenes concluyentes por el propio Carlos Mena, funcionario que renunció hace unos días a su cargo presumiblemente por adjudicarse en repetidas ocasiones una facultad que es exclusiva del pleno de la Cofece.
Destaca también el caso de la investigación sobre competencia efectiva en los servicios ferroviarios de interconexión, donde se denunció un conflicto de interés en los procedimientos, toda vez que se detectó que Roberto Palacios Prieto, uno de los directivos de Grupo Peñoles, empresa propietaria de la denunciante Línea Coahuila Durango SA de CV, es ni más ni menos que hermano de la presidenta de la Cofece, Alejandra Palacios Prieto.
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