Algunos de los padres de los niños que han sido trasladados a Jalisco desde el albergue La Gran Familia manifestaron que ingresaron a sus hijos en esa institución de manera voluntaria y por recomendación de terceros, esto con el fin de “corregir ciertas conductas de los menores”, de acuerdo con el sistema DIF del Estado.
El albergue, que también funcionaba como internado, podía recibir a aquellos menores cuyos padres o tutores decidieran internarlos, y permanecer en la institución hasta que se cumpliera “con el convenio celebrado ante notario público para ingresarlo a esta asociación”, de acuerdo con la escritura 24-077, firmada el 20 de mayo de 2003 por el notario Luis Fernando Alcocer del Río,
El acta describe que el objeto social de La Gran Familia era “iniciar, promover, fomentar, patrocinar, estimular toda clase de actividades de educación de investigación científicas y de difusión en general de la cultura, de artes y oficios y de cualquier otra clase sin restricción alguna de acuerdo con las leyes, fundar y dirigir albergues para el cuidado, educación, alimentación y hospedaje de los menores de edad que ingresen o se hallen desamparados en la calle con peligro de su vida”.
Durante el fin de semana, Jalisco reintegró con sus familias a 20 de los 50 menores que el DIF estatal trasladó desde el albergue en Zamora, Michoacán, además de que en el transcurso de esta semana podrían llegar más niños a la entidad.
Al momento han dejado la casa de Mamá Rosa un total de 167 menores que han sido trasladados al Estado de México, Jalisco, Guanajuato y el DF, mientras que 341 infantes y adolescentes permanecen aún en el inmueble.
Asimismo, este lunes fueron liberados del albergue 138 personas mayores de edad que se encontraban internados, algunos de ellos llevaban viviendo ahí entre 20 y 30 años.
Con seis mil pesos diarios alimentaban a más de 500 niños
Al ser una asociación donataria autorizada, el albergue La Gran Familia podía recibir donaciones voluntarias además de los apoyos que recibía de programas gubernamentales. Tan sólo en 2010, la institución a cargo de Rosa Verduzco recibió alrededor de 2 millones 200 mil pesos entre apoyos de la federación y donativos privados.
Ese año, la institución recibió 127 mil 700 pesos provenientes de recursos federales por concepto del Programa de Coinversión Social de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), además de 2 millones 54 mil pesos por donativos privados, de acuerdo con datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), recabados por el portal Fondos a la Vista.
Lo anterior significa que el albergue michoacano tenía un ingreso diario de seis mil pesos, con lo cuales debía alimentar a las más de 500 personas que fueron encontradas por la PGR la semana anterior, además de pagar salarios de 14 empleados de tiempo completo registrados ante el SAT.
Constituido desde 1973 bajo la figura legal de Asociación Civil por el notario 2 de Zamora, Arturo Rodríguez Zetina, el albergue tenía como propósitos la promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico para niños y jóvenes, de acuerdo con su registro ante Hacienda.
En 2002, el notario Luis Fernando Alcocer del Río, quien supuestamente certificaba las actas con las que Mamá Rosa se apoderaba de los niños, ratificó a Verduzco como la representante legal de la institución con una vigencia indefinida, según constan datos del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol).