Un presidente elegido por un tercio del electorado –o menos- no es la mejor cara de la democracia. Por este motivo, en días pasados, el senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Carlos Puente Salas, presentó dos iniciativas: una para adoptar la segunda vuelta electoral en la próxima elección presidencial, y otra para brindar la opción a una futura administración entrante de formar un gobierno de coalición con otras fuerzas políticas.
Las iniciativas de Puente Salas conjugan un cambio de reglas mayúsculo: “En caso de que ningún candidato a la Presidencia obtenga más del 50 por ciento de la votación, el candidato con el mayor número de votos deberá informar por escrito al Instituto Nacional Electoral (INE) que opta por establecer un Gobierno Federal de Coalición”, o bien, “que opta por la segunda vuelta contra el segundo lugar de la elección y, en este supuesto, no será necesario establecer un Gobierno de Coalición, sin embargo la Cámara de Senadores y de Diputados ratificarán el gabinete presidencial” (Senado de la República, 16/03/17).
El primer supuesto implica que el ganador con menos de la mitad de los votos intentará formar gobierno –constituir una mayoría legislativa que sume más del 50 %- con otros partidos representados en el Congreso, acordando una agenda legislativa y pactando cargos en la Administración Pública Federal con dichas fuerzas. El segundo escenario lo ejemplifico: candidato A obtiene 49 % de los votos; candidato B, el 30 %; y candidato C, el 15 %. Bajo este supuesto, A y B irían solos a una segunda elección –también conocida como balotaje- propiciando que el ganador de dicha ronda obtenga el respaldo de, por lo menos, 50 % más uno de los votos –dotando de mayor legitimidad al vencedor, pero también al proceso-.
Por otro lado, en caso de que A obtuviese más del 50 % de los votos, este no podría optar por las opciones aquí mencionadas, partiendo del supuesto que, al obtener más de la mitad de las papeletas, se cumple una regla básica de la democracia como solucionadora de fricciones: la mitad más uno es suficiente para dotar a un gobernante de un piso mínimo de apoyo popular.
Puente Salas urgió a sus compañeros aprobar estas iniciativas para que dichas reglas se utilicen en la elección presidencial en 2018. Por supuesto, los cambios que propone, en especial la segunda vuelta, no son novedad. En noviembre pasado, senadores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentaron, sin éxito, “una iniciativa de reformas (…) para instaurar en México la segunda vuelta electoral, en caso de que en una primera votación ningún candidato obtenga el 42 por ciento de los sufragios” (GPPAN, Senado de la República, 08/11/16).
En México, la segunda vuelta es necesaria debido a nuestra creciente fragmentación electoral: dotaría de mayor solidez al Ejecutivo al propiciar la creación de mayorías legislativas estables, aumentaría el rango de acción de la Administración –es decir, no más sexenios maniatados como los de Fox y Calderón- y, de paso, ayudaría a evitar conflictos postelectorales como el de 2006 mediante una segunda jornada de participación ciudadana democrática.
Pero hay un problema de temporalidad –de “timing”, diría un angloparlante-: cambiar las reglas en este momento puede generar trepidaciones. ¿Por qué? Porque hoy López Obrador lidera la mayoría de las encuestas rumbo al 2018. Instaurar la segunda vuelta para la próxima elección es, por lo menos en teoría, debilitar al tabasqueño, debido a que el voto anti-AMLO –aun grande y suspicaz- se inclinaría mayoritariamente en el balotaje por quien haya quedado en segundo lugar en la primera votación: probablemente alguien del PRI o del PAN –lo que el anti-AMLO entiende como “alguien más moderado”-.
PRI, PAN, PRD y PVEM saben que si se quiere detener a López Obrador, esta es una manera. Pero el dilema para muchos de los que creemos en la segunda vuelta es: ¿se debe hacer aun así sea impulsada para frenar a un candidato? Si un grupo de partidos componen la mayoría necesaria, ¿no importa que hagan una reforma legal “con dedicatoria”? En el papel, al ser el Congreso una soberanía, tendría legitimidad de origen. Pero allá fuera, instaurarla para frenar a López Obrador puede darle potentes recursos retóricos a éste: “La mafia del poder me quiere frenar y por eso cambian las reglas”, podría exclamar el experredista desde la victimización. El dilema político entre intención, necesidad y tiempo siempre ha sido materia de estadistas…
@AlonsoTamez