La presentación, hace unas semanas, del reporte de resultados de Petróleos Mexicanos, de José Antonio González Anaya, es sin duda una buena noticia tanto para las finanzas de la empresa productiva del Estado como para el país en general. Pemex presentó a la Bolsa Mexicana de Valores, que preside Jaime Ruiz Sacristán, un nivel de ganancias de 87 mil 941 mdp en los primeros tres meses del año, mismos que destacan frente a los 62 mil millones de pérdidas reportadas en el mismo periodo de 2016.
No obstante, el principal logro que destaca de la actual administración de la petrolera es el esfuerzo que realiza desde 2016 para disminuir la contratación de servicios y materiales a través de la figura de adjudicación directa, misma que durante el año pasado se redujo en casi 63%. El propio González Anaya ha destacado que, durante su administración, las adjudicaciones directas de la compañía representan alrededor de 30% de las compras a través de Procura, lo que incrementó hasta 40% la base de proveedores e impulsó un ahorro el año pasado de 24 mil mdp.
El hecho se dio como resultado de las recomendaciones que hiciera la OCDE, de José Ángel Gurría, a la dirección de Pemex, pues el organismo no veía con buenos ojos que, desde la entrada en vigor de la reforma energética, específicamente en el periodo de 2015, ocho de cada 10 compras se realizaran a través del método de adjudicación. Por irregular que parezca, el cúmulo de adjudicaciones directas detectadas en Pemex es plenamente legal, pues la reforma energética desató a las empresas productivas del Estado de los amarres que les imponían la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Dicen también los expertos en materia jurídica que la independencia adquirida por las paraestatales anteriores permite a sus directivos operar bajo una figura diferente a la de “funcionario”, por lo que, en la actualidad, no existiría siquiera posibilidad de imputarles los delitos que contempla el Código Penal Federal para los servidores públicos. Lo anterior significa que cualquier caso de corrupción que pudiera detectarse en Pemex quedaría impune, pues a pesar de demostrarse supuestos sobornos o desvíos de recursos en los operadores de las empresas del Estado, a éstos no podría acusárseles de enriquecimiento ilícito o peculado.
Voz en off
El delegado del IMSS de Puebla, Enrique Doger Guerrero, quien le adjudicó una cuestionada licitación a Baxter, de Jaime Alberto Upegui, niega que la Secretaría de la Función Pública (SFP), que encabeza Arely Gómez, lo está investigando. Lo cierto es que de acuerdo a fuentes de la SFP, el Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas (SIDEC) ha recibido varias denuncias sobre el origen de su patrimonio. Tiene tres empresas inscritas en el Registro Público de la Propiedad: Maquilas y Confecciones Andrea y Corporativo de Conveniencia. Esta última en sociedad con Gerardo Alejandro Carreto Ceballos y Jorge Antonio Rodríguez y Morgado, quien fue su ex secretario de Obras Públicas cuando fungió como alcalde. Además, de acuerdo al Registro Público de la Propiedad (RPP), tiene varias propiedades como lo comprueban los folios del RPP: 0025070, 0114480 y 0274230, entre otros. Entonces nos dicen que sería importante esclarecer dónde surge tanta casa y terrenos…
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