El Instituto Nacional de Migración (INM), en coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal, localizó en distintas acciones a tres extranjeros que eran buscados por las autoridades de sus países.

 

En Chiapas ubicó y puso a disposición de las autoridades al hondureño Hugo Edgardo Sierra Benavides, quien era buscado por la Interpol por el delito de abuso sexual en contra de menores de edad, tras fugarse, junto con otros dos reclusos, de la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto” del Valle de Tamara, el pasado 10 de marzo.

 

El IMN detalló mediante un comunicado que Sierra Benavides está acusado de haber cometido en su país 37 violaciones en contra de menores de edad y de tres mujeres.

 

En Campeche, en una segunda acción, se localizó al guatemalteco Daniel Eduardo Jerónimo Marroquín, quien transitaba por el país de manera irregular y con una alerta migratoria generada por las autoridades judiciales de Guatemala, porque tiene una orden de aprehensiónn, por el delito de homicidio en contra de dos mujeres.

 

En una tercera acción, se ubicó en Jalisco, a Charles Anderson Arles, proveniente de Oklahoma, Estados Unidos, quien cuenta con un proceso de búsqueda por parte de las autoridades estadunidenses por violar la libertad provisional.

 

Asimismo, tiene una orden de aprehensión emitida por la policía de su estado natal por varios delitos, entre ellos el robo a casa habitación, posesión de cocaína y uso de armas.

 

El INM detalló que el estadunidense ha cumplido diversas condenas en México por la venta ilegal de armas de fuego y por posesión de sustancias ilícitas.

 

Tras su localización, el Instituto Nacional de Migración puso a disposición de la Procuraduría General de la República a los tres extranjeros y dio aviso de inmediato a las representaciones consulares de Honduras, Guatemala y Estados Unidos.

 

Con estas acciones el gobierno de la República, a través del Instituto Nacional de Migración garantizó su colaboración con los tratados internacionales para hacer valer la ley en beneficio de la seguridad de los ciudadanos.