Los senadores Mario Delgado (PRD) y Mariana Gómez del Campo (PAN), anunciaron la presentación este miércoles, de una iniciativa contra el bullying que incluye amonestación pública para los padres, multas para las escuelas y la pérdida de registro para las escuelas que no apliquen medidas para erradicar esta práctica, además de cambios a la ley de justicia para menores.

 

Esta iniciativa, que se suma a las 30 que sobre el tema han sido planteadas en el Legislativo en los últimos tres años, podría someterse a discusión en uno de los periodos extraordinarios próximos a celebrarse en el Congreso, por tratarse de un tema especialmente importante dado el incremento de casos de agresión entre menores.

 

La Ley General para la Prevención y Atención de la Violencia Escolar prevé la creación de un programa nacional en la materia en el que participen autoridades, maestros, padres de familia y sociedad civil para emprender acciones que erradiquen el fenómeno de bullying, además de la creación de observatorios en cada entidad federativa responsables de generar información e indicadores sobre violencia escolar.

 

El proyecto de Ley promueve sanciones que van desde la amonestación pública para los padres de familia o tutores, hasta multa de cinco mil días de salario mínimo vigente (más de 300 mil pesos) y la pérdida del REVOE -Reconocimiento de Validez Oficial de estudios- para las instituciones educativas que no apliquen las medidas necesarias para erradicar el bullying.

 

En conferencia de prensa, el senador Mario Delgado, precisó que en casos de violencia escolar, la responsabilidad legal siempre será del padre o tutor, pero en materia penal se ajustarán las leyes de justicia para menores.

 

“Creemos que no se va a tener la atención adecuada si no existe una obligación, para todo el sistema educativo y para los padres de familia. Debemos entender que necesitamos una ley para proteger a nuestros niños de la violencia”, sostuvo el perredista.

 

Por su parte, la senadora Mariana Gómez del Campo consideró que el convenio anunciado por la SEP el cual consta de 15 acciones encaminadas a facilitar la colaboración institucional, si bien es un avance “se queda corto y plantea acciones meramente reactivas”.

 

Por ello dijo, es necesario atender el problema de raíz desde las causas de la violencia escolar. Esta iniciativa –agregó- recoge los planteamientos de diversas propuestas que sobre la problemática se han presentado, por lo que presumió un amplio consenso para legislar a la brevedad en la materia.