La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició su primer período de sesiones del año en el que buscarán resolver temas como la actuación de militares en tareas de seguridad, un recurso de impugnación a la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, así como la disputa del Congreso de Morelos contra el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco.

 

Así lo dio a conocer el ministro presidente de este órgano de impartición de justicia, Luis María Aguilar Morales, quien durante la sesión de apertura enlistó algunos de los 97 asuntos que proyectan desahogar este año, entre los que también se incluye la revisión de posibles trasgresiones a la reforma en materia de combate a la corrupción, así como el trámite de  impugnaciones a disposiciones de la Ley de Amparo.

 

El también presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aseguró que “Hay asuntos de gran relevancia que ameritan siempre, y así lo hacemos, un estudio cuidadoso y reflexivo y bien argumentado como se puede advertir en las sesiones públicas que se realizan en este Tribunal Pleno”, por lo que refrendó el compromiso de la Corte en procesar los temas incluidos en su agenda de este año.

 

Aguilar Morales hizo énfasis a la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, conocida como “Ley Atenco”, la cual, provocó diversas acciones de inconstitucionalidad por presunta violación a los principios de legalidad y seguridad jurídica, al derecho de libertad de expresión, así como en el empleo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatal.

 
En su discurso desde el Salón de Plenos del Alto Tribunal, el ministro  agregó que “otro asunto interesante que habremos de afrontar es la Acción de Inconstitucionalidad promovida en contra del Código de Justicia Militar en varios de sus artículos y preceptos. Y también emprenderemos el análisis de diversas controversias constitucionales que implican analizar la posible transgresión al régimen transitorio de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción”.

 
En el primer caso, explicó,  se trata de una demanda promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que pide analizar la constitucionalidad y legalidad de actuaciones de la autoridad militar, como el requerimiento de documentos, información o datos, diligencias o peritajes, y si puede estimarse a la policía ministerial militar y al ministerio público militar, como autoridades competentes para tener acceso de manera directa a elementos objetivos que contienen información como datos personales, en aras de investigar y sancionar delitos de la disciplina militar.