SAN FRANCISCO. La Corte de Apelaciones del noveno circuito inició aquí una audiencia relativa al veto migratorio ordenado por el presidente estadunidense Donald Trump, y que un juez del estado de Washington bloqueó a nivel nacional el pasado viernes.
Los tres jueces de la corte de apelaciones con sede en San Francisco escucharán argumentos de las partes en conflicto, a fin de resolver si se mantiene o no el veto para el ingreso a Estados Unidos de refugiados e inmigrantes de siete países de mayoría musulmana.
Los jueces de la Corte de Apelaciones del noveno circuito son Richard Clifton, nombrado por George W. Bush; William Canby Jr., nombrado por James Carter, y Michelle Friedland, nombrada por Barack Obama.
Clifton es considerado un conservador moderado, mientras que sus colegas son caracterizados como liberales moderados.
La Corte de Apelaciones de San Francisco es considerada una de las más liberales del país.
Clifton, de 66 años, es un juez superior con sede en Honolulú. Antes de ser nominado en 2001, trabajó en uno de los bufetes más grandes de Hawái, Cades Schutte Fleming & Wright, donde fue socio y se centró en litigios comerciales y de negocios.
Canby, de 85 años, es un juez superior con sede en Phoenix, conocido como experto en asuntos jurídicos de nativos americanos. Entre sus casos de más alto perfil, emitió una decisión más tarde confirmada por la Corte Suprema, que dijo que la Ley sobre Estadunidenses con Discapacidades exigía que la PGA dejara al golfista discapacitado Casey Martin usar un carrito de golf en competencias.
Friedland, de 41 años, tiene su sede en San Francisco y es la jueza más joven de los tribunales de apelaciones de Estados Unidos. Fue nominada por Obama en 2013. Friedland trabajó para la juez retirada Sandra Day O’Connor.
Antes de unirse a la corte de apelaciones, fue socia en Munger, Tolles & Olson LLP en San Francisco, donde trabajó en temas de impuestos, patentes y antimonopolio, y ha litigado ante la Corte Suprema.
Canby y Friedland negaron el fin de semana una solicitud de emergencia de la administración Trump para revertir la resolución emitida el viernes por el juez federal James Robart, de Seattle, para suspender la orden ejecutiva.
La orden de Robart correspondió a una demanda de los estados de Washington y de Minnesota contra la orden de Trump.
Un expediente de los dos estados que desafiaron la prohibición fue archivado este lunes. Una decisión del panel podría venir en cualquier momento, lo más probable dentro de una semana, dijeron expertos.
La petición contra la orden de Trump fue apoyada con una moción amicus curiae (amigos de la corte) firmada por prominentes exfuncionarios de inteligencia y seguridad, 16 procuradores estatales y por un centenar de las mayores firmas tecnológicas del país, como Apple, Google, Microsoft y Netflix.
Si la corte de apelaciones del noveno circuito vuelve a rechazar la petición del gobierno, es muy posible que la batalla legal llegue hasta la Corte Suprema de Estados Unidos.
En el alto tribunal aún rige un empate a cuatro entre jueces progresistas y conservadores a la espera de que el Senado confirme al nominado de Trump: el magistrado Neil Gorsuch para la vacante del fallecido Antonin Scalia. En caso de empate, prevalecería la decisión tomada por la instancia inferior.
OR