La empresa de tecnología aplicada Infraiber acusó hoy a varias instituciones públicas de no actuar contra supuestas prácticas corruptas de la constructora y gestora de carreteras OHL México.

 

En una inserción pagada en los diarios nacionales, titulada “Fin al abuso de OHL”, la compañía mexicana exhorta a los legisladores del país a que intervengan ante lo que considera el “caso de corrupción más grave de la historia reciente del país”.

 

Según Infraiber, OHL México, filial de la española OHL, ya recuperó su capital de riesgo en la autopista Circuito Exterior Mexiquense, por lo que esa “vía concesionada debe revertir en favor del Estado de México sin costo ni gravamen”.

 

Sin embargo, el gobierno estatal “no tiene interés en que esto ocurra”, afirmó la empresa, que acusó además a compañía OHL de difundir “públicamente información falsa sobre su inversión en el proyecto y la rentabilidad correspondiente”.

 

Infraiber fue contratada por el Estado de México para que realizara una auditoría externa del tráfico y los ingresos de las autopistas, pero la instalación del sistema fue cancelada en el Circuito Exterior Mexiquense supuestamente a petición de OHL México.

 

Ello llevó a la compañía a promover un juicio de amparo en 2013 que busca la anulación de la concesión de esa vía de 110 kilómetros de longitud otorgada a OHL México en 2003.

 

Fuentes de OHL México consultadas por Efe declinaron hacer comentarios sobre el comunicado publicado este lunes y firmado por el asesor jurídico de la compañía de tecnología aplicada, Paulo Díez.

 

OHL sostiene que al 31 de diciembre de 2014 tenía una inversión pendiente de recuperar con cargo al proyecto por 52.218,7 millones de pesos (3.322 millones de dólares), pero “la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no tiene interés en sancionar estas conductas ni en exigir que se expliquen y corrijan las falsedades”, señala el texto.

 

Además, Infraiber acusa a la Secretaría de Hacienda de no denunciar actos que pueden ser constitutivos de delitos y al banco público Banobras de emitir una “garantía inconstitucional por más de 2.000 millones de pesos (127 millones de dólares), que constituye ‘deuda pública’ y que tiene como fuente de reembolso precisamente esta inversión ‘inexistente'”.

 

Destaca que OHL dice haber tenido en el periodo 2011-2014 ingresos totales por 34.144,1 millones de pesos (2.172 millones de dólares) y utilidades antes de impuestos por 17.378,3 millones de pesos (1.105 millones de dólares), pero “no pagó el impuesto sobre la renta correspondiente a esa utilidad”.

 

Tampoco pagó el impuesto empresarial a tasa única durante 2011, 2012 y 2013, y el Servicio de Administración Tributaria “no tiene interés en ejercer sus facultades de fiscalización ni en tratar a OHL” como el resto de contribuyentes”, asevera Infraiber.

 

La empresa también arremete contra el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, quien -en su opinión- tampoco está interesado en “llevar a cabo una investigación sobre este asunto”, pese a que el Circuito Exterior Mexiquense fue “realizado con cargo parcial a fondos federales”.

 

Desde el 6 de mayo la filial mexicana de OHL se ha visto envuelta en un escándalo por unas grabaciones ilegales sobre un supuesto fraude en las tarifas del Viaducto Bicentenario, otra autopista del central Estado de México, al que siguieron otras donde se destaparon también supuestos sobornos a magistrados.

 

Ello derivó en la dimisión del representante de OHL en México, Pablo Wallentin, y del secretario de Comunicaciones del Estado de México, Apolinar Mena, además del anuncio de una auditoría a las concesiones solicitada por el ministerio de Comunicaciones y Transportes.

 

OHL México ha negado en varias ocasiones la existencia de pagos irregulares y malas prácticas y ha sostenido que se trata de una campaña mediática “de hostigamiento” que “carece de todo fundamento”.