La alta inflación que hemos visto en los últimos meses en el país no se combate con movimientos en las tasas de interés por parte del banco central,  porque estas alzas de precios están relacionadas con decisiones de otra índole en asuntos tan diversos como las políticas de inversión pública, la política comercial o las políticas de precios públicos que tienen a su cargo el gobierno federal y los legisladores.

 

En otras palabras, son las decisiones pasadas del gobierno -o la falta de ellas- las que han provocado las alzas de precios que vimos en los últimos meses.

 

Así lo han dicho los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México –o por lo menos tres de los cinco miembros que la conforman- en su reunión de política monetaria del 7 de junio pasado y cuyo contenido se revela en la minuta que se dio a conocer el viernes de la semana pasada.

 

Textualmente la minuta dice: “la mayoría de los miembros de la Junta coincidió en que la política monetaria no es el instrumento adecuado para enfrentar el tipo de factores que recientemente han afectado a la inflación. Uno de ellos explicó que se debe acudir a otro tipo de políticas para acotar y combatir el origen de los choques de oferta referidos, por ejemplo, mediante mejoras en la infraestructura hidráulica, cambios estructurales en la comercialización de productos agropecuarios o modificaciones a las políticas de determinación de precios de algunos bienes provistos por el sector público, como la gasolina”.

 

Y tiene razón la Junta. El encarecimiento y distorsión que vemos en los precios de una cantidad importante de productos agropecuarios, por ejemplo, son provocados por asuntos que los gobiernos no han querido o no han podido resolver. Allí está la falta de inversión pública en recursos hidráulicos que acentúa los problemas climáticos de la sequía reciente, la grave informalidad que padece el campo así como el fraccionamiento de la propiedad en las zonas rurales que derivan en una elevada concentración en la compra y distribución de los productos agropecuarios en las ciudades, encareciendo los precios en los mercados del país.

 

Pero esa es solo una cara de la moneda en la formación de los precios. Otra es la deficiente infraestructura de comunicaciones que se tiene en buena parte del territorio nacional encareciendo aún más los precios de transportación de estos y otros bienes. Y todo ello sin contar las alzas periódicas en los precios de los combustibles –gasolinas y diesel- y que determina unilateralmente el gobierno federal.

 

Estos elementos de política pública, tienen un fuerte impacto en la formación de precios en la economía y por supuesto en los resultados de la inflación.

 

Entre mayo de 2013 y mayo de 2012 los precios y tarifas autorizados por el gobierno (entre ellas gasolinas) se incrementaron 7.75% en promedio, mientras que los precios de los productos agropecuarios lo hicieron en 15.30%; muy por arriba del nivel de la inflación general al consumidor. Ambos grupo de productos –que integran la llamada ‘inflación no subyacente’- explican en buena medida la alta inflación de 4.63% que se tuvo en los últimos 12 meses.

 

Es decir –y es la perspectiva del banco central- las decisiones de política del gobierno federal tienen un impacto inflacionario que difícilmente será corregido por la política monetaria a través de movimientos en las tasas de interés. Claro que el Banco de México deberá vigilar los efectos multiplicadores de esto en otros precios de la economía, pero le será imposible evitarlos mientras que el gobierno federal y los legisladores no hagan nada al respecto.

 

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