Los temas que han dominado la agenda informativa en los dos últimos meses han sido las relaciones entre México y Estados Unidos, los constantes tuits de Trump, la carrera electoral por el Estado de México y hasta la desbandada de senadores que se fueron del PRD para apoyar a Andrés Manuel López Obrador.

 

 
Pero se ha dejado un tema de lado: la gran percepción ciudadana de que la inseguridad ha vuelto a tomar el control de diversas ciudades y territorios del país. El problema es que estamos hablando de que esa percepción ha ido acompañada de un mayor número de homicidios y de expresiones de violencia que desde hace dos años no teníamos en México.

 

 
Ejemplo de ello son los 11 cuerpos que fueron torturados y abandonados hace una semana en una camioneta en Veracruz o los seis cuerpos desmembrados y localizados el martes pasado en 13 bolsas de plástico en Guerrero.

 

 
En la semana pregunté a un corresponsal de Guerrero si era normal que en un solo día se presentaran 13 homicidios dolosos en la entidad, y la respuesta fue que eran pocos, que ellos estaban contabilizando entre 16 y 17 diarios.

 

 
Lo curioso fue que al corresponsal no le pareciera nota o dato el número de víctimas diarias que tiene esa entidad. La violencia en los últimos meses ha hecho que este fenómeno se convierta en un simple paisaje de lo que ocurre a diario en los estados del país.

 

 
Siguiendo con el recuento de esta semana, se dio a conocer el secuestro, en un hospital por parte de un comando armado, de dos doctoras en un municipio de Veracruz, y en Nuevo León encontraron diversos cuerpos abandonados en una camioneta. Ejemplos suman más en las últimas 24 horas.
El problema es que, de todos estos casos, las investigaciones inician por parte de las procuradurías estatales; se hace la estadística, pero nunca conocemos el resultado final de lo ocurrido.

 

 
Una investigación que debió ser prioridad para el Gobierno federal es la emboscada contra elementos del ejército, suscitada el 30 de septiembre del año pasado y en la cual murieron cinco soldados. De este caso no hay responsables, pero sí consecuencias. Cinco meses después de esa emboscada se halló ejecutado a Julio Ortiz Vega, alias el Kevin, el presunto sicario de los hijos del Chapo Guzmán, que en principio había sido rescatado por el ejército y que provocó que los emboscaran. El Kevin fue asesinado con violencia; su cuerpo presentó huellas de tortura, fue arrastrado y baleado, dicen las autoridades.

 

 
Pero de este caso sólo sabremos que es un homicidio doloso más, que se sumará a la larga lista que mes con mes entregan las procuradurías estatales al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

 

 
El martes pasado, la organización civil México Evalúa presentó un estudio, en el cual asegura que 23 entidades federativas manipulan las cifras de violencia. Edna Jaimes, su presidenta, aseguró que tras una revisión detallada encontró patrones de manipulación en los números de incidencia delictiva.

 

 
Sin duda, el estudio sería un gran escándalo si se tratara de una nueva revelación; el problema es que esto ya había sido advertido en agosto de 2014 por el Observatorio Nacional Ciudadano.

 

 
En ese entonces, Francisco Rivas, director de dicha organización, advirtió que había identificado grandes discrepancias en los datos sobre criminalidad reportadas por las dos grandes fuentes estadísticas oficiales del país: el INEGI y el Secretariado, desde entonces advirtió de la manipulación de las cifras.

 

 
A las dos organizaciones las conozco por su profesionalismo, pero me es inevitable pensar que no se puede entrar tarde a un debate que lleva al menos tres años, si no se suman esfuerzos entre las diversas organizaciones civiles y expertos en el tema. Es importante que el debate de este asunto se retome, pero más aún que las organizaciones salgan juntas a evaluar los esfuerzos y críticas.

 

 
Twitter: @osdtagle