Dentro de las investigaciones por el posible apoyo gubernamental que recibieron Los Caballeros Templarios en Michoacán, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) indaga a por lo menos 15 administraciones municipales, señaladas por facilitar las actividades delictivas de la organización.

 

Autoridades federales revelaron a 24 HORAS que de acuerdo con denuncias ciudadanas y declaraciones de integrantes del grupo, los municipios no sólo no alertaron, sino que incluso apoyaron las actividades ilegales del cártel, aunque se indaga si fue por complicidad o extorsión.

 

Ayer, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, subrayó que el ex gobernador interino Jesús Reyna no era el único servidor público señalado por colaborar con los delincuentes en Michoacán, y adelantó que se actuará en base a las pruebas que se reúnan contra los sospechosos, sin importar posiciones ideológicas o colores partidistas.

 

“Déjeme decirle que no es el único, hay varios casos, y que la instrucción que yo tengo hasta este momento del Gobierno de la República es actuar independientemente de quiénes son, de qué piensan, de qué partido o qué filiación tienen (…) la investigación va a llegar hasta donde tenga que llegar”, aseveró.

 

Este diario adelantó el pasado 27 de enero que estaban en integración las averiguaciones en contra de varios alcaldes señalados por autodefensas de apoyar al grupo delictivo.

 

Fuentes ministeriales consultadas confirmaron que existen señalamientos en contra de autoridades locales de 15 municipios. Este apoyo municipal es una línea de investigación que está en integración. En su mayoría se habla del involucramiento de los presidentes municipales, o de gente cercana con ellos.

 

Se trata de los municipios de Tepalcatepec, Apatzingán, Aguililla, Coalcomán, Buenavista Tomatlán, La Huacana, Uruapan, Churumuco, Ecuandureo, Lázaro Cárdenas, Jacona, Aquila, Tumbiscatío, Zamora, y Tinguindín. Ocho son gobernados por el PRI, uno por la coalición PRI-PVEM, tres por el PRD, y tres por el PAN.

 

Las autoridades federales consultadas subrayaron que no hay aún elementos para proceder en contra de los presidentes municipales pero se espera, en el corto plazo, obtener los primeros resultados de las indagatorias en algunos de los casos.

 

“Se está siendo muy cuidadoso primero en ver si existe este apoyo y luego en qué circunstancias se dio. Si hay una complicidad o si es una situación de amenazas o extorsión. Se están ateniendo todas las denuncias”, indicó un funcionario con conocimiento del caso.

 

Respecto a las indagatorias a nivel estatal, en la PGR indicaron que se sigue trabajando para identificar la posible red encabezada por Reyna, que habría dado apoyo logístico a los templarios. De momento, no se han girado más órdenes de localización o captura.

 

¿Mea culpa?

 

Algunos de estos alcaldes han reconocido públicamente que otorgaron recursos a los Templarios, aunque sostienen que fueron obligados a ello, como reveló en marzo el diario español El País.

 

Guillermo Valencia, edil con licencia de Tepalcatepec, declaró que bajo amenazas, los municipales de la región tenían que pagar un diez por ciento de los recursos federales que recibían al grupo delictivo. Lo mismo expresó el alcalde de Coalcomán, Rafael Martínez.

 

En contra parte, en la PGR indicaron que hay denuncias ciudadanas (entre ellas varias de integrantes de autodefensa) y declaraciones de Templarios, que subrayan que este apoyo a los delincuentes es consentido por las autoridades municipales a cambio de beneficios económicos o de protección contra otros criminales.

 

Murillo Karam dijo que todas las denuncias están incluidas en la averiguación previa, aunque cada una de ellas es ponderada dependiendo de su importancia y claridad de elementos.

 

Cabe señalar que Valencia también ha sido señalado públicamente por participar por lo menos en una reunión con líderes templarios en 2011, a la que habría asistido el hoy arraigado Jesús Reyna.

 

Red criminal más que política: Murillo

 

Tras confirmar que Reyna se reunió en varias ocasiones con integrantes de Los Caballeros Templarios, el titular de la PGR subrayó que no es el único y en breve podría haber más detenciones. Aun así, no quiso referirse al caso como el desmantelamiento de una red política en Michoacán.

 

“Es el inicio y desmantelamiento de una  red de delincuencia, yo no podría llamarle política porque  dejaría de ser política. Yo no creo que los partidos políticos sean  responsables de lo que haga alguno de  sus miembros (…) pero están integradas por ciudadanos, por una multiplicidad de ciudadanos  y esto hace  que pudiera haber delincuentes que los mismo partidos políticos no detectan”, sostuvo.

 

Murillo tampoco descartó que pudieran resultar legisladores involucrados, y dijo que de ser necesario un desafuero se estará solicitando, pero cuando la indagatoria lo amerite.

 

Sobre el caso particular del ex secretario de Gobierno Jesús Reyna, dijo que se le arraigó porque encontraron evidencia que permite tener “certeza” de que sostuvo varios encuentros con los templarios y con su líder máximo Servando Gómez Martínez La Tuta. No quiso referir desde cuándo y subrayó que se indaga en que derivaron esos encuentros.

 

Ayer, este diario publicó que de acuerdo con las declaraciones de uno de los detenidos, los encuentros se realizaban varias veces por año por lo menos desde 2011.

 

El comisionado por la Seguridad y Desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo, declaró en una entrevista radiofónica que personas detenidas han declarado incluso que hay videos de esas reuniones.