Los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) consideraron que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, aprobada en el Senado, dejó sin avances la rendición de cuentas en declaraciones patrimoniales de funcionarios y en temas de derechos humanos.

 

La propuesta original, enviada en diciembre por el IFAI en conjunto con organizaciones civiles, contemplaba que los funcionarios estaban obligados a hacer pública su declaración de bienes.

 

Sobre violaciones a los derechos humanos, aquellos casos que se considerarán graves deberían de transparentarse por completo.

 

Sin embargo, el IFAI reclama que los senadores decidieron dejar esos temas sin cambios, es decir, con la nueva ley de transparencia los funcionarios públicos todavía pueden decidir si hacen pública su declaración, mientras que los sujetos obligados pueden evitar entregar información sobre situaciones de violaciones graves a derechos humanos.

 

Transparentar la declaración de bienes “junto con derechos humanos, en donde no hay progresión en la ley, se quedan las cosas tal cual como están al día de hoy”, dijo el comisionado Joel Salas.

 

El integrante del IFAI aseguró que la postura del Instituto fue que se abrieran totalmente las declaraciones de bienes de los funcionarios federales y locales, “dada la coyuntura, la circunstancia, el contexto que vive el país, sería fundamental que toda autoridad pública pudiese ser monitoreada por parte de la ciudadanía, al menos en función de con qué patrimonio llega y con qué patrimonio sale”.

 

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información seguirá su curso legislativo en la Cámara de Diputados, los congresos de las 31 entidades y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ante lo cual los comisionados pidieron al Poder Legislativo aprobarla lo antes posible y sin cambios o, en su caso, enriquecer los artículos que quedaron bajo interpretación.

 

“Obliga al Congreso de la Unión -en cuanto a la Ley Federal y a los Congresos Locales- a tener una consideración más progresista, inclusive que si esta ley ya tiene sus bondades, esta Ley General; eso no impide que en los Congresos locales y el propio Congreso al expedir la Ley Federal, pueda detallar de mejor manera e inclusive ampliar los efectos que tendrían en materia de derecho de acceso a la información”, manifestó Areli Cano.

 

A pesar de que no hubo avances en la transparencia de declaraciones patrimoniales y acceso a expedientes de casos de violaciones graves a derechos humanos, el IFAI aseguró que “la Cámara de Senadores estuvo a la altura de su responsabilidad en este proceso; el IFAI fue escuchado, muchos de los puntos que nosotros pusimos en consideración del propio Senado y que fueron coincidentes con la sociedad civil, pues fueron receptivos los senadores en aceptarlos”.

 

La nueva ley se aplicará a “toda autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal”.