A más tardar el viernes, la Procuraduría General de la República (PGR) presentará el recurso de revisión en contra del amparo que un juez federal concedió la semana pasada a la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo y a dos coacusados más, y que dejó sin efecto el auto de formal prisión que se le dictó por lavado de dinero y delincuencia organizada.
Autoridades de la Procuraduría informaron que la impugnación, que podrá presentarse incluso de forma electrónica como lo marca la nueva Ley de Amparo, buscará demostrar que no tienen lugar las inconsistencias de procedimiento que el juez Francisco Sarabia expuso en la sentencia del amparo indirecto 354/2013-3.
Desde el punto de vista de la dependencia federal, el referido juez “ponderó equivocadamente irrelevancias formales” en el procedimiento, y en algunos casos, incluso erró en la lectura de los oficios. De todo ello, la Procuraduría dice tener la evidencia documental que entregará ante los magistrados que analicen el caso.
En la sentencia que Sarabia dictó, y que 24 HORAS revisó, el juez deja en claro que el Ministerio Público armó el expediente en 7 días y consignó a Gordillo sin las pruebas necesarias, cometiendo anomalías que no fueron observadas por el juez que concedió la formal prisión.
La Procuraduría ha insistido públicamente en que esa valoración es errónea y dice tener las pruebas para comprobarlo.
Por ejemplo, la PGR afirma que entregará al Tribunal que analice la impugnación el oficio de recepción del expediente de consignación que fue enviado al Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales, y firmado por el secretario Ariel Pérez Ramírez.
La importancia de ese documento es que demuestra, según la dependencia, que la consignación se hizo el 23 de febrero, después de que ya se contaba con los dictámenes periciales, y no el 20 como lo señala la sentencia de amparo.
La PGR también argumentará en contra de la valoración que hizo el juez de la constancia que entregó el funcionario de Hacienda al Ministerio Público un día después de la denuncia, Según la procuraduría, si se toma en cuenta ese documento también debe hacerlo su contenido, que acredita al denunciante como servidor público desde el 1 de diciembre.
Respecto a las observaciones por el tema de delincuencia organizada, en la PGR sostuvieron que la instrucción es para que el juez responsable del proceso defina el rol de cada uno de los involucrados, situación de la que según la dependencia hay pruebas suficientes en el pliego de consignación
HASTA ENERO
De acuerdo con el artículo 92 de la nueva Ley de Amparo, los magistrados tendrán 90 días como máximo para emitir una resolución respecto al recurso de revisión que interpondrá la PGR y que correrá en el momento en que reciba el expediente.
En ese lapso la Procuraduría deberá presentar las pruebas que tenga en su poder para sostener que no se violaron los derechos constitucionales de Gordillo y los otros acusados durante la consignación.
En todo este procedimiento, no se analiza si Gordillo es culpable o no de desviar más de 2 mil millones de pesos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sino si la PGR actuó legalmente para acusar a la líder magisterial de ese delito.
En caso de que los magistrados confirmen la sentencia de amparo, el juez responsable del proceso deberá atender las observaciones y dictar un nuevo auto, que podría ser de formal prisión o de libertad.
Si el Tribunal da la razón a PGR y niega el amparo, el juicio abierto en contra de Gordillo para determinar si desvió recursos del sindicato continuará en la fase de presentación de pruebas que es donde se detuvo.
DATO
Durante los tres meses que se revise el amparo. Gordillo no podrá recobrar su libertad, por lo que permanecerá en prisión, por lo menos, hasta enero.
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