El 21 de febrero de 1821, en el contexto de la última fase de la guerra que culminó en la independencia de México, se firmó una proclamación conocida como el Plan de Iguala. Agustín de Iturbide sentó los fundamentos del tipo de gobierno que seguiría México como país soberano. A pesar de su valor histórico, Iguala se ha desarrollado como una ciudad con altos índices de marginación, que apenas rebasa los 100,000 habitantes.
El tamaño de Iguala no se compara con el tamaño de la población de Ayotzinapa. Según el Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, esta localidad tiene una población total de 84 personas. Sin embargo, cuentan con una Escuela Normal Rural con una cédula de cerca de 500 alumnos. Esta fue fundada en 1926 como parte de un ambicioso plan del gobierno de Lázaro Cárdenas que proponía desarrollar las comunidades rurales a través de la capacitación de la población local para ser maestros de las escuelas cercanas.
Con el paso del tiempo y por diferentes circunstancias, las escuelas normales se han caracterizado por la marcada tendencia marxista de sus alumnos. Es común que estudiantes normalistas participen en movilizaciones sociales, a veces con tendencias radicales. La toma de carreteras y autobuses ha sido un recurso utilizado por los estudiantes en numerosas ocasiones.
Así comenzó un acto de insólita barbarie en el estado de Guerrero. Me permito recapitular brevemente los hechos que ya todos debemos conocer. Después de encabezar una manifestación, 43 estudiantes normalistas de primer y segundo grado (de edades de entre 16-22 años) fueron capturados por fuerzas de la policía municipal de Iguala entre el 26 y 27 de septiembre. Las primeras investigaciones indican que la captura de los estudiantes fue instrucción de un misterioso capo local, conocido solamente como El Chuky, perteneciente a un grupo criminal que opera en el estado llamado Guerreros Unidos.
El Edil de Iguala, José Luis Abarca Velázquez y su secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez, se encuentran prófugos de la justicia. Hasta este momento, todo apunta a una clara colaboración entre crimen organizado y fuerzas municipales.
El 5 de octubre, se localizaron 28 cuerpos quemados, repartidos en 6 fosas comunes. El 10 de octubre se anunció el hallazgo de 4 fosas adicionales, con un número no anunciado de cuerpos. La identificación de los cadáveres aún no ha revelado que se trate de los estudiantes.
Mediante un mensaje difundido por redes oficiales, el Presidente Enrique Peña Nieto, de manera breve y un tanto ambigua, instruyó a las dependencias de seguridad un puntual seguimiento al tema para dar con los responsables e impartir justicia.
Hasta el momento, se sabe de 34 personas relacionadas con este hecho, la mayoría siendo policías municipales. No queda más que paciencia por esperar que las autoridades estén cumpliendo con una buena labor de investigación, a raíz de confesiones de los detenidos, y conseguir así, una efectiva impartición de justicia.
Sobre el caso de los normalistas de la escuela de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala todos nos hacemos las mismas preguntas: ¿Cuál es la lógica detrás de desaparecer un grupo tan numerosos de estudiantes? ¿Qué ganancia obtiene el crimen organizado? ¿Qué tipo de mensaje quiso emitir? ¿Por qué la complicidad de las autoridades locales? ¿Porqué así?
De manera personal, estoy convencido que la raíz de este atropello se puede encontrar en uno de los problemas que más afectan a la sociedad mexicana: la impunidad. Más allá de lo incomprensible de las razones detrás de lo sucedido, la manera de actuar de los responsables se basa en una completa falta de respeto por la ley. Ante la falta de temor por una represalia, los autores físicos y responsables se sienten en libertad de romper las leyes y de esta pueden asociarse con criminales y acabar con la vida de quien le estorbe. Así, la impunidad que como mexicanos vivimos todos los días en distintos niveles y de distintas formas, hace eco en la masacre de Iguala.
Un acontecimiento de tal magnitud no puede ser obviado por las autoridades extranjeras. De manera atinada, José Miguel Insulza, Secretario General de la Organización de Estados Americanos, pidió el esclarecimiento de un caso que calificó de “absurdo e inhumano”. De igual manera, la portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Jen Psaki, pidió que los culpables sean llevados ante la justicia. Así, la imagen exterior de un México en crecimiento se ve eclipsada ante la profunda crisis de inseguridad que se viven en ciertas regiones.
Este acontecimiento también deja prever un pronóstico que puede cambiar el rumbo de la izquierda en México. El Partido de la Revolución Democrática está siendo uno de los grandes entes a quienes se está responsabilizando de la masacre, por lo cual es fácil adivinar que perderán muchos adeptos, potenciales simpatizantes de la otra alternativa progresista en México: MORENA.
Además de la rabia, frustración, coraje, impotencia, dolor, entre innumerables otros sentimientos que expresan al unísono millones de mexicanos ante lo sucedido en Iguala, este histórico episodio tiene el potencial de desencadenar múltiples reacciones que pueden cambiar el rumbo social, político e incluso económico del país.
A lo largo de esta semana se han llevado a cabo movilizaciones sociales en diferentes ciudades de la república e incluso en sedes diplomáticas extranjeras, exigiendo el regreso con vida de los estudiantes guerrerenses.
El nivel de responsabilidad de las autoridades en la desaparición de los jóvenes marca un episodio que será difícil de olvidar por parte de la sociedad. Será necesaria la estrecha colaboración con instituciones extranjeras o multilaterales para lograr la confianza ciudadana en el esclarecimiento de este caso.
A manera de apoyo y reconocimiento, me permito compartir los nombres de los estudiantes normalistas desaparecidos:
1. Jhosivani Guerrero de la Cruz
2. Luis Ángel Abarca Carrillo
3. Marco Antonio Gómez Molina
4. Saúl Bruno García
5. Jorge Antonio Tizapa Legideño
6. Abel García Hernández
7. Carlos Lorenzo Hernández Muñoz
8. Adán Abraján de la Cruz
9. Felipe Arnulfo Rosa
10. Emiliano Alan Garza de la Cruz
11. César Manuel González Hernández
12. Jorge Álvarez Nava
13. José Eduardo Bartolo Tlatempa
14. Israel Jacinto Lugardo
15. Antonio Santana Maestro
16. Christian Tomás Colón Garnica
17. Luis Ángel Francisco Arzola
18. Miguel Ángel Mendoza Zacarías
19. Benjamín Ausencio Bautista
20. Alexander Mora Venancio
21. Leonel Castro Abarca
22. Everardo Rodríguez Bello
23. Doriam González Parral
24. Jorge Luis González Parral
25. Marcial Pablo Baranda
26. Jorge Aníbal Cruz Mendoza
27. Abelardo Vázquez Peniten
28. Cutberto Ortiz Ramos
29. Bernardo Flores Alcaraz
30. Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa
31. Manuel Ortega Valerio
32. Martín Getsemany Sánchez Garaz
33. Magdaleno Rubén Lauro Villegas
34. Giovanni Galindo Guerrero
35. José Luis Luna Torres
36. Julio César López Patolzin
37. Jonás Trujillo González
38. Miguel {Angel Hernández Martínez
39. Christian Alfonso Rodríguez
40. José Ángel Navarrete González
41. Carlos Iván Ramírez Villareal
42. José Ángel Campos Cantor
43. Israel Caballero Sánchez
Fueron fuerzas del Estado los responsables de su captura. Exigimos que sean ellos quienes los regresen con vida.