Las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Hacienda y Crédito Público, Economía, Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como Pro México deberán entregar la información sobre los apoyos brindados a empresas extranjeras, particularmente de capital chino, interesadas en la construcción del proyecto Cabo Dorado en Baja California Sur.

 

De acuerdo con el proyecto de resolución RDA-1738/2014, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) determinó que las diversas instancias del gobierno federal deberán buscar y hacer públicos todos los archivos sobre el proyecto de desarrollo turístico cerca del Parque Marino Nacional Cabo Pulmo.

 

Apenas el pasado 2 de junio la Semarnat hizo pública la resolución “negativa” de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Proyecto Cabo Dorado, emitida el pasado 29 de mayo por carecer de sustento técnico, no cumplir criterios ecológicos y presentar severas deficiencias.

 

La resolución dirigida a La Rivera Desarrollos BCS, representante del consorcio chino estadounidense que pretendía construir el desarrollo establece que “no aportó la información adecuada para valorar la viabilidad ambiental del proyecto”.

 

A los riesgos ambientales que diversas organizaciones no gubernamentales habían señalado en torno al proyecto se sumó la polémica al darse a conocer la participación del expresidente Vicente Fox y John McCarthy, ex director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) durante su sexenio, como asesores de los inversionistas del proyecto y quienes a principios de año se habrían reunido con funcionarios de ProMéxico.

 

En este marco, un particular solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la información sobre los apoyos que habrían recibido los corporativos Beging Samsun International Trade Group, Samsun Group y China State Construction Inginerie para construir el desarrollo inmobiliario en Baja California.

 

La SCT respondió que no contaba con información al respecto, por lo cual el solicitante impugnó ante el Ifai, el cual, en una búsqueda de información encontró que Comunicaciones y Transportes sí tenía participación en el proyecto mediante la construcción de una Aeropista en una superficie de 14.6 hectáreas en Cabo Dorado.

 

“El sujeto obligado no llevó a cabo esta búsqueda exhaustiva de la información en todas las unidades administrativas competentes para contar con la misma”, dijo la comisionada presidenta, Ximena Puente de la Mora.

 

Por lo cual, la comisionada presidenta determinó que la SCT deberá entregar la información y orientó la solicitud a otras secretarías para que también respondan sobre su participación en el desarrollo inmobiliario.

 

A su parecer, “es un caso de relevancia, tanto social por el impacto que podría tener este proyecto tan importante en donde se localizan la participación de empresas extranjeras, y bueno, pues también el impacto ambiental”.

 

Glorious Earth Group y Beijing Sansong International Trade Group, son las empresas interesadas en desarrollar Cabo Dorado. Si bien a finales de mayo notificaron su decisión de “retirar” la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que habían presentado, anunciaron que propondrán un nuevo proyecto y manifestación de impacto ante las “importantes preocupaciones generadas en relación a los riesgos que pudiera implicar para el medio ambiente y la preservación del Parque Nacional Cabo Pulmo”.

 

Empresas chinas, en la lista negra del BM

 

Una de las empresas detrás del mega proyecto turístico, que proyectaba la construcción de un complejo hotelero de 22 mil 500 habitaciones en un conjunto de terrenos que colindan con el Parque Nacional Cabo Pulmo, aparece en la lista de empresas inhabilitadas por el Banco Mundial por fraude y corrupción desde 2009.

 

Se trata de la China Communications Construction Company, una de tres compañías que conforman Beijing Sansong International Trade Group, que adquirió la propiedad de 3 mil 770 hectáreas del Banco español Sabadell.