La expansión del crimen organizado y la respuesta del gobierno a través del uso de la fuerza, particularmente desde 2006, resultaron en una escalada de violencia que llevó al deterioro de los derechos humanos en el país, pero que en algunas regiones se ha descrito como crisis humanitaria, señala un informe en materia de derechos a la libertad de expresión.

 

En el marco del Examen Periódico Universal de Naciones Unidas (EPU), en el que México recibirá recomendaciones de los estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU este día en Ginebra, Suiza, varias organizaciones presentaron el Informe sobre la libertad de expresión y prensa en México, que dan cuenta del estado que guarda este derecho en el país.

 

De acuerdo con el documento, la violencia, la inseguridad, la impunidad y la corrupción son problemas endémicos e interdependientes que aquejan al país.

 

Una de las consecuencias más graves que el documento señala como resultado de esta situación de violencia es la vulnerabilidad del derecho a la libertad de expresión, debido a que las agresiones a periodistas y medios de comunicación en el país se triplicaron entre 2001 y 2013, respecto al periodo 1991-2000.

 

“En los últimos 13 años se registraron 85 asesinatos de periodistas, 20 desapariciones y 40 atentados a medios de comunicación. Más de la mitad de las agresiones fueron cometidas por funcionarios públicos, aunque los casos de agresiones graves, como homicidios y desapariciones, son atribuibles al crimen organizado”, señala el informe.

 

Además de los crímenes contra comunicadores, el documento subraya las crecientes violaciones de derechos humanos que, según registros oficiales, propiciaron 48 mil 750 homicidios violentos y más de 42 mil desapariciones en la República entre 2005 y 2012.

 

Sin embargo, “las estadísticas sobre el número de víctimas son imprecisas e inconsistentes. Existe, además, una ‘cifra negra’ debido al propio silencio de las víctimas y familiares que no denuncian por desconfianza hacia las autoridades”, apunta el documento.

 

Organizaciones como el Centro Jurídico por los Derechos Humanos, la oficina del abogado general de la UNAM, la Comisión de Derechos Humanos del DF, la Casa de los Derechos de Periodistas, Freedom House México y la Red Periodistas a Pie, entre otras, identificaron como responsables de estos hechos tanto al crimen organizado y funcionarios que colaboraron ellos, como autoridades que protegen a los autores materiales e intelectuales de estos actos.

 

Con el objetivo de incidir en las nuevas recomendaciones que los estados miembro de la ONU hagan al gobierno mexicano, dichas organizaciones emitieron algunas como adoptar medidas efectivas en todos los niveles de gobierno para acabar con la impunidad, aplicando sanciones a los autores de la comisión de delitos contra la libertad de expresión.

 

También solicitan el fortalecimiento del mecanismo federal de protección de defensores y periodistas y dotarlo de capacidad preventiva.

 

El EPU que presenta México este día en la sede de la ONU se basará en un informe que el gobierno mexicano presentó en julio, una compilación de datos recabados por organismos organización internacional en el país, así como información proporcionada por organismos de la sociedad civil.

 

DATOS

 

 

Entre 2001 y 2013 ocurrieron:

85 crímenes contra periodistas, 20 desapariciones y 40 atentados a medios de comunicación

3 veces más que en 1991-2000

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