Los negociadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pusieron a disposición de los diputados federales más de 24 mil millones de pesos como incentivo para la aprobación del presupuesto de egresos para 2014.

 

Denominados enlaces legislativos, buscaron uno a uno a representantes de todos los partidos y les pidieron presentar proyectos de inversión hasta por 30 millones de pesos para sus lugares de origen con un solo requisito: tener viabilidad técnica.

 

“Todos nos organizamos y hasta hacíamos cola para registrar nuestras obras y asegurarnos de su inclusión en el gasto del año próximo”, revelaron diputados de diversa filiación.

 

Los días de mayor negociación se dieron a partir del 12 de noviembre. El presupuesto –de cuatro billones 467 mil 226 millones de pesos- debía ser aprobado a más tardar el 15 de noviembre y las gestiones se aceleraron día y noche.

 

Aquello era un mercado. Cuenta el zacatecano Ricardo Monreal, coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, quien duda de los compromisos adquiridos en la urgencia:

 

-¿Cómo podría resumírselo? Es como el Buen Fin Legislativo. El miércoles pasado, como un día de plaza en San Lázaro, en donde todo mundo andaba en la rebatinga, pero haga de cuenta el Buen Fin, aunque finalmente fue un engaño, no hay nada real, ni beneficios para la población”.

 

Antes y durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año venidero, los legisladores federales de los siete grupos parlamentarios se peleaban para ser atendidos por funcionarios de la dependencia que dirige Luis Videgaray Caso.

 

Los recursos, que deben ir etiquetados para su aplicación, se dividieron en tres áreas: pavimentación y alumbrado público, infraestructura para el desarrollo de la cultura e infraestructura deportiva, precisaron legisladores a este diario.

 

Los 24 mil millones de pesos fueron repartidos entre los 500 diputados federales, siempre y cuando fueran sustentables y cumplieran con las reglas de operación establecidas por la SHCP, dijo a su vez el perredista Silvano Aureoles, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

 

“Las llamadas bolsas están etiquetadas en los anexos de Presupuesto de Egresos de la Federación y tienen reglas de operación. Se considera que estos recursos que están establecidos en las bolsas son recursos a la vista públicos y quienes aspiran a ser beneficiados, tienen que cubrir con reglas de operación”, agregó.

 

Por ejemplo, los panistas Fernando Rodríguez Doval y Raquel Jiménez Cerrillo pudieron destinar a la delegación Benito Juárez y a la Universidad Autónoma de Querétaro diez millones de pesos para cada uno de sus proyectos.

 

La gestión no es ilegal

 

Silvano Aureoles, también coordinador de la bancada del PRD, detalló que esta práctica es común y la calificó como “gestiones naturales” dentro del proceso parlamentario.

 

“En el proceso de aprobación del presupuesto viene mucha gente, todos buscando hacer alguna gestión y es válido que los diputados ayuden y que en consecuencia, algún gobierno pueda tener el beneficio para su municipio de un proyecto de esta naturaleza”.

 

Esta acción provocó la fractura al interior del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, ya que por primera vez emitieron su voto de manera diferenciada, por ello, su líder Ricardo Monreal, expresó que estas gestiones no están fuera de la Ley.

 

“El gestionar recursos no es pecado, ni un delito, (pero) cobrar por ellos es una bofetada a la legalidad. Gestionar recursos, lo han hecho siempre los legisladores, (pero) cobrar una mordida, una comisión, eso sí es incorrecto, ilegal e inmoral”, abundó el político zacatecano.

 

Monreal Ávila descartó gestionar recursos para Zacatecas en la discusión del presupuesto, que fue aprobado en San Lázaro el pasado jueves.

 

En este marco, Fernando Rodríguez Doval (PAN) sostuvo que “cada diputado contó con 10.1 millones de pesos para proyectos de infraestructura” en el Distrito Federal, por lo que llamó a los otros 499 legisladores restantes a transparentar estos fondos.

 

El perredista Silvano Aureoles expresó que será la Auditoria Superior de la Federación (ASF) quien tendrá que supervisar la aplicación de estas cantidades aprobadas en el marco del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014.

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